IZQUIERDA Y DERECHA EN CATALUÑA

TRIBUNA “El PAIS” JOSÉ LUIS LÓPEZ BULLA

Sobre el fin de un modelo político

IZQUIERDA Y DERECHA EN CATALUÑA

JOSÉ LUIS LÓPEZ BULLA 11/05/1990

El articulista polemiza con Jordi Solé Tura sobre la hipótesis de que Cataluña se encuentre "en el fin de un modelo político". A su juicio, la gran novedad es que, pese a seguir presente el. victimismo, se pasa a ejercer políticas concretas.

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Solé Tura reincide en no pocos elementos de juicio que siempre ha expresado de manera tan sincera como clara, y que tantas antipatías le ha creado desde las filas convergentes. Sin embargo, la reincidencia de su análisis, que sigue siendo correcto, no define ya con precisión, creo yo, las novedades emergentes y los contrastes que aparecen en el panorama político catalán.La reincidencia analítica de mi amigo Solé Tura se manifiesta en lo siguiente: Pujol ostentador de toda Cataluña, que expulsa el conflicto hacia Madrid en clave victimista. Creo que la novedad consiste en que "una cosa es predicar y otra es dar trigo", si es que se me permite esta vulgarización política. Con otras palabras, del victimismo, que sigue estando presente, se pasa a ejercer políticas concretas, a decidir con hechos políticos, que ya no tienen la coartada culpabilizadora "hacia Madrid". Aquí está una de las novedades emergentes del quehacer político autonómico. Lo anterior arrastra toda una serie de consecuencias, que son las diversas situaciones de conflicto, que hoy conocemos en Cataluña, que apunta sólo de manera tangencial Jordi Solé Tura. Estos conflictos se refieren a temas tan diferentes como los residuos, las aguas, la enseñanza y la sanidad, por ejemplo. En ellos intervienen amplias masas con mayor o menor radicalidad. Estamos, por lo que se ve, ante conflictos "sectoriales" que estan separados entre sí, y separados también de la política. De la política convencional, se entiende. Son, por lo demás, conflictos "defensistas" y escasamente alternativos, que cuando adquieren naturaleza política pronto se desvanece. Es posible que una parte de la explicación que lo justifique radique, bien en que los sujetos que intervienen en esas movilizaciones no vean a una organización opositora en clave de indistinción con quienes desde Barcelona generan el conflicto, o bien porque no confíen en que otros sujetos opositores sean una alternativa clara con la suficiente capacidad de mediación y de fuerza en tales litigios. Total, que entre unos y otros la casa está sin barrer, y nunca mejor dicho. En resumen, no se trata que la política instrumentalice estos amplios movimientos de protesta; ni que los homologue de manera artificial. Se trataría, tal vez, de que la política ejerza su noble función, su utilidad social; y que ello pueda ser observado por las gentes.

Esta neblina es. la que puede provocar un, me parece a mi, sorprendente final del artículo de Solé Tura cuando afirma que "lo importante es que surjan puntos de referencia sólidos ante la opinión, que aparezcan fuerzas capaces de detener el actual deterioro...". Digo que es sorprendente porque -descartada la naturaleza de un Solé Tura politólogo- no parece que nuestro amigo, un destacado exponente del PSC-PSOE, concrete excesivamente. Claro, la pregunta que sugiere la formulación politológica es la siguiente, ¿quiénes son esos puntos de referencia, qué naturaleza tienen, quienes la componen, qué capacidad unitaria -si es que eso es posible tienen los mencionados referentes? No son interrogantes aviesos, es -simplemente- una necesidad de clarificación ante un final de la exposición soleturiana no suficientemente clarificador. En todo caso algo me parece de gran importancia en las palabras de Jordi Solé Tura: no habla del monopolio de la representación de una sóla fuerza política de izquierdas, ni tampoco de "la centralidad" de tal fuerza política.

Pero, a la luz de las observaciones del articulista, no es posible dejar pasar una oportunidad de tanta enjundia como esa. Mi lógica me dice que si estamos en una fase "donde se puede empezar a hablar ya del fin de una etapa y del comienzo de otra" en la que se necesitan "puntos de referencia" no parece descabellado que esos referentes -o por lo menos, algunos- deben ser políticos, de naturaleza política. Y ello con la voluntad de cambiar las relaciones de poder. En caso contrario, ¿qué se nos anuncia para el comienzo de la nueva etapa?

Rechazo de hipótesis

Como Solé Tura no lo avanza, tampoco tiene por qué, yo me permito rechazar la hipótesis consociativa entre la margen derecha y la margen izquierda. Y la rechazo porque produciría un estupor de enormes proporciones entre no pocos sectores catalanes, que entraría en una fase de desaliento, o de diáspora hacia otras latitudes.

Que la hipótesis consociativa sea rechazable es cosa bien distinta de la voluntad de pacto sobre determinados temas entre el PSC y CiU, que es perfectamente legítimo. Pero ese no es el tema de fondo. Para mi la cuestión central es si existe una voluntad clara, explicita de convertir los puntos de referencia actuales -y los que deban surgir- en sujetos activos capaces de cambiar las relaciones de poder en Cataluña. Sinceramante, esos referentes existen, a saber: las izquierdas políticas catalanas. Esta es la precariedad propositiva de los dirigentes socialistas, y es éste el gran silencio de Solé Tura. Esta ausencia de propuesta limita un mayor peso político de las izquierdas y favorece la recomposición sucesiva de las derechas catalanas.

La propuesta más pragmática sería el gran gesto de las izquierdas catalanas. A saber, el establecimiento de una nueva tensión unitaria en todos los ámbitos capaz de generar unos mínimos puntos programáticos, capaz de provocar una voluntad colectiva de cambio de relaciones de poder en Cataluña. En caso contrario las izquierdas seguirán teniendo una posición subalterna y subsidiaria, incapaz de provocar los puntos de referencia, necesarios y suficientes, que propone Solé Tura. ¿Alguien se imagina un cuaderno programático basado en tres cuestiones la social, la municipal y la parlamentaria el clima que provocaría? Finalmente, nadie debiera plantear que se rompiera cordones umbilicales. Aquí de lo que debiera tratarse es, a mi juicio, buscar una agregación exponencial de nuevas voluntades que rompan ese misticismo del vivo sin vivir en mí, que es escasamente rentable para el pueblo de Cataluña. En suma, pasar de la politología a la política.

José Luis López Bulla es secretario general de Comissió Obrera Nacional de Cataluña.

LA EUROPA SOCIAL, UNA ASPERA CAMINATA

José Luis López Bulla

Ponencia: Ciudad Real, 26 de Setiembre de 2005

La primera observación que deseo hacerles es la siguiente: a mi juicio, somos tan prolíficos hablando sobre la globalización que no caemos en la cuenta de que existe algo que tiene mayor alcance e importancia. Es el actual proceso de innovación-reestructuración de los aparatos productivos y de servicios que está transformado aceleradamente el trabajo tal como lo hemos conocido, la estructura del conjunto asalariado, el sistema de valores, la cultura y todas las esferas sociopolíticas en Europa. Ni qué decir tiene que el universo de los derechos y, particularmente el iuslaboralismo, están siendo afectados de manera bien visible. Se trata de enormes desafíos que --lo vengo diciendo desde hace ya tiempo-- exigirían una amplitud mayor del debate entre iuslaboralistas, sindicalistas y mánagers en las muchas cosas comunes que, desde perspectivas diversas, abordan unos y otros.

Esta innovación-reestructuración es la consecuencia de la gigantesca transformación tecnológica que, definitivamente, ha puesto en crisis el viejo paradigma fordista que ha recorrido el siglo XX en Occidente. Naturalmente, la globalización se ha convertido en el concepto más aparatosamente mediático, pero mantengo que la innovación-reestructuración (que, por pura comodidad expositiva, llamaré paradigma posfordista) es la madre del cordero. Más todavía, la globalización se da en ese contexto posfordista. Esta primera observación es vital para la construcción de Europa y, en concreto, para abordar el áspero camino de la Europa social. En resumidas cuentas, el acento debe ponerse en el análisis de los procesos de innovación-reestructuración que son los que determinan, de un lado, todos los cambios y, de otra parte, el carácter de la actual fase de globalización. Dicho en plata: hablar de la globalización, al margen del actual paradigma posfordista, es pura hojarasca.

Europa está atravesando, en el terreno institucional, momentos confusos después de las vicisitudes de las consultas electorales en Francia y Holanda. Por lo menos dos son las explicaciones que tengo a la hora de explicarme la actual situación europea. De un lado, la inexistencia de sujetos políticos y sociales; de otro, el enorme peso simbólico que todavía tiene el Estado nación.

Los partidos políticos y las asociaciones de intereses siguen siendo unos sujetos que permanecen anclados en el viejo paradigma fordista y en el del Estado nacional. Ello explica, aunque en parte, que el debate en torno al Tratado de la Unión europea haya sido un simulacro, pues la refriega (también en España) se ha caracterizado por una campaña en la que sólo aparecían las cuestiones domésticas. Nada se habló del Plan de Estabilización y crecimiento, nadie dijo ni pío acerca de la hipotética construcción de un welfare europeo; ni siquiera cuatro palabras sobre el alejamiento de los acuerdos de la importante Cumbre de Lisboa 2000. El referéndum europeo fue, en España, otra ocasión más para un nuevo ajuste de cuentas entre los partidos políticos, coincidieran o no en la llamada positiva al voto. Amén del planteamiento de los retales de algunas izquierdas que propugnaron el voto negativo sobre la base de la toponomástica política, no con relación al carácter orgánico de lo que se estaba ventilando. O como el caso francés: allí lo que contó fue una partida doble. El ajuste de cuentas en el interior del partido socialista, de un parte; y, de otra, expresar los sentimientos en clave nacional contra la política de Chirac.

No puedo decir, desgraciadamente, que las asociaciones de intereses (y, concretamente, el sindicalismo confederal o las organizaciones empresariales) estén bien situados en el actual paradigma posfordista ni en su colocación europea, porque también la pesada herencia del Estado nación les pesa lo suyo. En esto último, la paradoja es muy estridente: mientras que la economía está situada en los amplios espacios de lo supranacional, las organizaciones económicas y sociales se encuentran desubicados de ese amplio territorio global están y reducidos al más puro provincianismo. Unamos a lo anterior dos elementos: a) la Confederación europea de sindicatos (Ces) es una internacional que está, creo yo, al margen de los procesos en curso y es incapaz de coordinar demandas, reivindicaciones y el conflicto social que las sustenta. El resultado es el siguiente: los proyectos de cada sindicato nacional guardan escasa relación con los del resto de las organizaciones europeas y no tienen vínculo alguno con un proyecto sindical europeo que, hasta la presente, sigue sin existir; de ahí que los conflictos sociales que se dan en cada Estado nación tampoco guarde relación alguna con las movilizaciones que se dan en otros países. Es decir, separación de proyectos y separación de conflictos.

Y para mayor desgracia nuestra: en un país tan importante como Francia, el sindicalismo sigue dividido y, al parecer, mantiene las más viejas tradiciones de caminar separados y golpear unidos. Son unos poderosos inconvenientes que planean sobre la actual situación europea y, al mismo tiempo, representan fuertes interferencias para la fatigosa construcción de la Europa social. Y si los sindicatos tienen esos inconvenientes, en más déficit de naturaleza europea están las organizaciones empresariales. Esto último es francamente paradójico pues la empresa es, sin lugar a dudas, la sede donde se expresa con mayor fuerza el mundo global e interdependiente. Así las cosas, tanto las formaciones políticas como las asociaciones de intereses tienen grandes prevenciones (miedo, diría un servidor) de abordar las brumas de lo supranacional y prefieren agarrarse a la (tendencial) ficción del Estado nacional.

En todo caso, retengo que el sindicalismo no contar con una adecuada línea de conducta en relación a las cosas europeas. En ese sentido, creo acertada la posición de Umberto Romagnoli cuando, también o especialmente para la construcción europea, considera que el sindicato debe ser un sujeto capaz de construir un consenso colectivo; y me alejo del maestro cuando afirma que la palabra sindicato é malata: un juicio tal vez excesivamente severo. Y más archisevero es cuando afirma que la palabra “sindicato” ya no dice nada[1]. Con todos mis respetos al maestro creo que es bastante lapidario.

La construcción de la Europa social o se incardina en el paradigma de esta etapa, ya postfordista, o no se están haciendo debidamente las cosas; una etapa que, repito, he definido de innovación-reestructuración, también para indicar que no se trata de un tránsito a la antigua usanza, sino más bien de una transición permanente (como si dicho tránsito no se acabara nunca), tal como se manifiesta ahora la innovación tecnológica. Quiero decir, con la enorme rapidez con que se expande la innovación tecnológica.

Permítanme una previa: se equivocaría quien viera que estas novedades son el resultado de un complot, diseñado en todo lo alto de Monte Pelegrino con von Hayek oficiando la misa negra del neoliberalismo. Porque, en buena medida, esto es también –y sobre todo-- el resultado de la incesante caminata revolucionaria de las fuerzas productivas que un barbudo alemán dejó dicho allá, corriendo el año de 1848 en un famoso manifiesto escrito al alimón con otro miembro de su cofradía. No, decididamente pienso que no se trata de un complot. Quizá vengan a cuento, con relación a lo que estoy diciendo, las palabras de un personaje tan singular como Joseph Roth: “no se baila el charleston porque el mundo sea capitalista, sino porque es una de las formas de expresión de la sociabilidad de nuestra época”.

Y sin más dilación paso a apuntar los mínimos indispensables que deberían caracterizar la metodología de una renovada Carta social europea. (El lector notará en falta algunas cuestiones elementales que no se mencionarán pues figuran detenidamente en la Carta de Niza 2000, tales como el derecho a la negociación colectiva, el ejercicio de la huelga y otros, que damos por bien dichas). Pero, séame permitida una observación que no considero irrelevante en este encuentro de juristas: no estoy planteando los derechos que vienen a continuación como la expresión de un universo puramente jurídico, sino inscritos vivamente en nuestro concreto proceso social. Naturalmente pienso que, en torno a ellos, es necesario un abierto debate entre sindicalistas, dirigentes empresariales y operadores jurídicos.

Y son:

1.- Derecho a la certidumbre del contrato de trabajo para todas las formas del trabajo contra las rescisiones unilaterales y no motivadas por causa justa, substituyendo los antiguos vínculos de fidelidad y antigüedad propios del viejo modelo fordista.

Una certidumbre del contrato de trabajo que no sólo se refiere a las garantías del trabajo heterodirecto en los nuevos países socios de la Unión, que tienen un iuslaboralismo menos tuitivo, sino también a los de los trabajadores de los actuales países que conforman la Unión. Es decir, de todos. Hablemos claro, la certeza que imprime el contrato de trabajo no quiere decir que el contrato sea por tiempo indefinido; expresa que lo convenido en tal instituto tiene la firmeza de lo estipulado. No es poca cosa en estos tiempos que corren, caracterizado porque se han despotenciado las reglas del juego[2]. No es poca cosa para nosotros, europeos de estos tiempos, y, desde luego, es algo de gran importancia para las relaciones laborales de los nuevos socios que entrarán en la Unión dentro de poco.

2.- Derecho a la formación durante todo el periodo de la vida laboral con los mecanismos de financiación adecuados a cargo de las empresas, el Estado y la sociedad.

La razón es bien sencilla: hemos dicho que la fase de innovación-reestructuración no es un tránsito a la antigua usanza sino un prolongado cambio. Más todavía, si el éxito de la empresa se mide por la capacidad de interpretar las demandas del mercado, el derecho a este tipo de formación aparece como condición sine qua non para la autorrealización de la persona que trabajo, para la eficiencia de las empresas y para la relación de todo ello con los sistemas de protección social y la mejor marcha de la economía. Y, además, como elemento imprescindible para un adecuado control de la flexibilidad negociada entre los sujetos sociales y sus diversas contrapartes[3].

En pura lógica con lo dicho hace un momento sacamos otra conclusión: es necesario reformar adecuadamente los sistemas pedagógicos en todas las enseñanzas, desde la primaria a la universitaria. Porque ya no es válida la formación (a nivel que sea) que concluya afirmando que lo aprendido en tal cual sede, en un momento dado, tiene utilidad para siempre[4]. Para estas materias de tan relevantes quisiera recomendarles un libro –que nos viene recomendado de la sabia inteligencia del maestro Umberto Romagoli-- cuyo autor es Saul Mehnagi; se trata de Il sapere professionale, editado recientemente por Feltrinelli; el profesor Baylos, Rodolfo Benito y un servidor estamos empeñados en editarlo en castellano. Espero que algún día lo puedan tener ustedes en la correspondiente versión portuguesa.

3.- Elaboración de un catálogo de nuevos derechos de ciudadanía social propios de esta fase de la innovación tecnológica.

Porque no es posible afrontar los nuevos desafíos mediante mecanismos de protección que, siendo adecuados en la época del fordismo industrial, hoy ya son placebos: ni chicha ni limoná. En esa dirección, retomo lo que he planteado en diversas ocasiones, esto es, el Estatuto de los Saberes[5], como elemento central de lo que podríamos denominar el welfare tecnológico, es decir, el nuevo compromiso político-social que deberían construir la política, el sindicalismo confederal y las organizaciones empresariales europeas, y en base a las muy positivas experiencias de los últimos tiempos, tampoco debería olvidarse el papel de la sociedad civil en la innovación, concretamente el papel de los hackers[6]. Desde luego, la construcción de ese nuevo compromiso político-social que se plantea tiene, como mínimo, dos importantes pilares: la negociación colectiva y la legislación, elementos imprescindibles para el nacimiento de un nuevo iuslaboralismo. Si, para ello, tuviéramos que bordar una bandera, propongo que el lema sea: “Más saberes para todos”.

A mi entender, será en el terreno de los saberes y del conocimiento donde se ventilarán los grandes desafíos de los tiempos presentes y venideros. O lo que es lo mismo, el binomio saberes-tecnología es la madre del cordero: el saber entendido como factor social y factor productivo, será cada vez más el motor determinante de la equidad y de la calidad del desarrollo, el eje central de una renovada propuesta de justicia social. De ahí que el conocido científico sevillano Luis Angel Fernández Hermana proponga insistentemente algo tan lúcido como la enseñanza digital obligatoria y gratuita que evoca unas profundas resonancias históricas sobre una de las batallas de civilización más importantes de las izquierdas de ayer: la enseñanza gratuita, uno de los grandes pilares de las políticas de welfare del siglo XX. En resumidas cuentas, hoy el valor de la igualdad no puede deslindarse del acceso al saber o, si se prefiere, la instrucción a todos los niveles es pieza clave para la igualdad.

4.- El derecho al conocimiento del objeto del trabajo, el control de los sistemas de organización del trabajo y de la participación en la definición de los objetivos productivos y organizativos.

El gran objetivo es: reducir y cambiar las relaciones de subordinación, aumentando los espacios de libertad en los centros de trabajo. De ahí la necesidad del instrumento sobre el que vengo insistiendo machaconamente: la codeterminación[7]. Este es un territorio en el que se echa de menos la actividad contractual del sindicalismo que todavía sigue escorado hacia el ´pacto callado´ de la época fordista: el dador de trabajo monopoliza el poder de la organización del trabajo, esto es, el uso, reservándose el sindicalismo la corrección del abuso[8]. Lo curioso de este asunto es que la caída del fordismo industrial no se ve acompañada de la desaparición del taylorismo, ya que el dador de trabajo sigue cooptando los saberes empíricos del conjunto asalariado sin ningún tipo de contrapartidas. Es decir, sigue en el aire el espectacular apotegma del ingeniero norteamericano Taylor: si la organización del trabajo es científica, ¿a santo de qué vamos a negociarla con los trabajadores y sus organizaciones sindicales? Unas palabras que, en determinados aspectos, tienen una fuerte actualidad; ahí se medirá la capacidad de proyecto del sindicalismo y la izquierda política para proponer una creíble y gradual alternativa. O lo que es igual: saber salir del pensamiento y la práctica fordista cuando la empresa ha tiempo que se escapó ya de dicho sistema en su variante industrial.

5.- El welfare state activo, no clientelar, basado en el paradigma tecnológico, que tenga un carácter incluyente, descentralizado y con los correspondientes apoyos de la subsidiaridad.

Parece evidente que, de lo que se lleva dicho hasta ahora, se desprende la necesidad de situar también las nuevas protecciones del Estado de bienestar en el actual paradigma de innovación-reestructuración que está substituyendo a uñas de caballo el viejo territorio del fordismo. Porque la evidente crisis del Estado de bienestar nace de las profundas modificaciones que ha tenido el sistema productivo fordista, hoy ya en una situación terminal. O lo que es lo mismo, la persistencia del mismo modelo de Estado del bienestar bajo una realidad que ha cambiado profundamente está comportando efectos desestabilizantes[9]. De ahí, especialmente, nacen las dificultades más densas que tienen las políticas distributivas y el conjunto de acciones del welfare: unas y otras están poniendo en muchos apuros al sindicalismo confederal y al conjunto de la izquierda política. El sindicalismo se mueve en un terreno asaz inoperante, de un lado[10]; a la izquierda política, por otra parte, le conduce o bien a una cierta mimesis de los planteamientos de la derecha o bien a conductas de resistencia. Y lo cierto es que también en ese terreno, en el del welfare, se medirán sindicatos e izquierdas, a partir de ahora, con la realidad. Unos y otros deben salir con urgencia de ese callejón sin salida pues se está convirtiendo el asunto en una situación aporética.

Las cosas son, ciertamente, complicadas porque las políticas de Estado de bienestar (que algunos sociólogos llaman benestaristas) han estado vinculadas, a lo largo del pasado siglo, con el sistema de producción fordista; caído éste ¿cómo sustituir las fuentes nutrientes del welfare? Este es el gran desafío que tiene la Europa social de la que tanto estamos hablando. Porque, si bien en términos generales, se ha podido hablar de un ´modelo social europeo´, la cuestión actual es: comoquiera que el benestarismo de los países más desarrollados de nuestro continente se han basado en la primacía del fordismo ¿cómo construir un auténtico welfare europeo, cuando ya el tan repetido fordismo industrial es pura hojalata? Esta es la cuestión. Desde luego algunas señales nos vienen, por ejemplo, desde Finlandia. Las investigaciones de Manuel Castells y Pekka Himanen son ilustrativas. Destacan, entre otros, los compromisos entre empresas (especial, aunque no únicamente) como Nokia, el Estado, las regiones y los sindicatos. El hilo conductor que atraviesa estas instituciones es la innovación tecnológica y los procesos formativos, las inversiones en investigación y en los diversos escenarios de la sanidad, enseñanza, vivienda... Esto ha llevado a dicho país a una espectacular caída continuada, o al menos a un nivel bajo, de injusticia y exclusión social. La explicación parece clara: el desarrollo tecnológico finlandés, medido por el índice de logro tecnológico de la ONU, es superior al de Estados Unidos y al resto de las economías avanzadas[11]. La señal que nos viene, así las cosas, es que las políticas benestaristas tienen como fuente nutriente el paradigma de la innovación tecnológica. Así pues, la visión de algunos apocalípticos de que la innovación tecnológica liquidaría el Estado de bienestar no se ha visto confirmada por la realidad de las cosas finlandesas. Porque el punto de vista con fundamento de los finlandeses ha sido establecer un amable binomio entre la innovación-reestructuración y el welfare.

En otro orden de cosas, el (necesario) vínculo entre concertación social, a todos los niveles, y las políticas benestaristas debería orientarse a ir conformando un welfare que ya no fuera fundamentalmente de resarcimientos, tal como se expresó durante todo el tiempo fordista; una práctica ésta, de resarcimientos, que sigue vigente. Para que esta cuestión tan delicada quede lo suficientemente clara es necesario poner algún ejemplo ilustrativo: el monopolio de los sistemas de organización del trabajo por parte del empresario (y su unilateralismo en las decisiones) ha consolidado que el dador de trabajo no vea (o no quiera ver) la relación estrecha entre sistemas de organización del trabajo, condiciones de trabajo y siniestralidad laboral; al final todo acaba en que el empresario acaba externalizando los costes de tanta sangría humana a los sistemas públicos de protección social, provocando una considerable hemorragia del welfare. De ahí que las disposiciones normativas y la concertación social en Europa caigan en la cuenta de este circuito vicioso. Quiero decir que lo importante no es resarcir a los afectados por la siniestralidad laboral sino poner las bases para reducirla drásticamente, mediante unos sistemas de organización del trabajo que conduzcan a la humanización de las condiciones de trabajo: unas y otras deben ser la expresión de la concertación social que, como fuente de iuslaboralismo, se traducirían en textos normativos más eficientes y gestionados mediante el instrumento de la co-determinación al que antes se ha hecho referencia. Es decir, se trata de un welfare activo y no solamente asistencialista de resarcimientos; también con la adopción de nuevas orientaciones de política industrial y la investigación de base aplicada, estimulando el uso de productos compatibles con la defensa y promoción del (único) medio ambiente que tenemos. En resumidas cuentas, es necesario proceder a una profunda revisión de qué se entiende, en esta fase de largo recorrido de la innovación-reestructuración, por Estado de bienestar. De ahí que a este edificio tan agrietado del welfare, los planteamientos rutinarios (como por ejemplo el Pacto de Toledo, por poner un ejemplo doméstico) no sirven en absoluto para nada, porque siguen dejando intacto el carácter de welfare fordista, aunque el Gotha sindical no lo vea, de momento, de ese modo: actúa con los mismos comportamientos que cuando el Sol nunca se ponía en el mundo de la cadena de montaje.

El prestigioso ingeniero catalán Joan Majó, que fue Ministro de Industria en uno de los gobiernos socialistas de la década de los ochenta, acostumbra a explicar la ley de Moore como uno de los ejemplos más visibles del nuevo estadio de la ciencia y la técnica, también de las repercusiones que tiene en la economía>[12]. Gordon Moore, también ingeniero, observó la sorprendente regularidad del crecimiento de la potencia de los microprocesadores: desde 1971 hasta nuestros días dicha potencia se dobla cada dieciocho meses, lo que se dice pronto. Esta ley es importante porque: uno, explica hasta qué punto es exponencial la potencia de tan minúsculos chirimbolos, al tiempo que se reduce el ratio coste/preecio por bit; dos, por la aparición de un formidable motor de la revolución tecnológica en curso que está redefiniendo permanentemente [13]la estructura de los costes, la geografía de los mercados, las modalidades operativas de todo tipo de producción y distribución... Pues bien, así están las cosas. Y, siendo de esa manera tan vertiginosa y trepidante ¿es posible continuar con unas políticas de welfare que obvian tan espectaculares novedades? No tengo la menor duda, por el manido (e inconveniente) sendero por el que se va no se construye una Europa social como dios manda. En pocas palabras, mantener la misma carreta en la vereda de siempre trae los dividendos a los que alude Jürgens Peters, un alto exponente de la IG Metall: uno de los nuestros, no de la acera de enfrente.

Decididamente las nuevas políticas de welfare deben apuntar a favorecer el capital inmaterial: el conjunto de los conocimientos y competencias que se acumulan y distribuyen a través de la investigación, la enseñanza y la formación. Piezas claves de todo ello serían, como mínimo:

n El Estatuto de los Saberes, del que ya se ha hablado, como compendio de nuevos derechos de ciudadanía,

nPolíticas públicas para la acumulación y utilización del capital inmaterial y su combinación con las inversiones privadas,

n Un espacio común europeo de la investigación, transformando las actuales iniciativas europeas (de tipo puntual) en políticas europeas, lato sensu, de investigación,

nCódigos de conducta compartidos sobre problemas ambientales y éticos...

* La potenciación de una industria y un mercado del saber.

Me excuso si parece que pontifico, pero por ahí deberían ir las pistas que ayudarían a Jürgens Peters y a la santa cofradía sindical europea a “repensar los instrumentos redistributivos” a partir de ahora; y, de paso, a construir un Estado de bienestar activo e incluyente. Por ahí me atrevo a seguir proponiendo el nuevo compromiso social entre los sindicatos y sus diversas contrapartes (privadas y públicas) de un Pacto por la Innovación tecnológica que lógicamente tendría su momento inicial pero que, por mejor decir, sería un itinerario de contractualidad sostenida. De ello he hablado en otras ocasiones y no es cosa de abrumar al lector con reiteraciones innecesarias.

6.- La fiscalidad europea

¿Será abusivo recordar que la fiscalidad es un poderoso instrumento de redistribución de la justicia social? De ahí que los grandes desafíos de la Europa social no pasen, en consecuencia, porque los Estados miembros sigan reteniendo por los siglos de los siglos sus competencias en la materia: es necesario que gradualmente se proceda a poner en marcha un proceso de transferencia hacia la Unión europea. Por ejemplo, ¿porqué no empezar transfiriendo los impuestos de sociedades? En todo caso, lo importante sería ir hacia una armonización fiscal flexible, esto es, con sus correspondientes horquillas como paso previo a la fiscalidad europea. Desde luego sería un cierto paso contra el dumping fiscal. Ahora bien, una fiscalidad europea acorde con la Europa social que estamos preconizando requiere un cambio substancial de los poderes del Parlamento europeo y la creación de una authority fiscal europea.

Lo que no puede ser es que el Banco Central Europeo siga siendo tierra de nadie; quiero decir: de nadie que lo controle. Porque la cuestión de fondo es: las competencias de la Unión Europea en los terrenos macroeconómicos son débiles y, de la misma manera, sus instrumentos son débiles, mientras que el BCE tiene la sartén por el mango de sus políticas friedmanianas>[14]. Si la Unión, por lo que llevamos dicho, debe impulsar unas políticas de crecimiento sostenido compatible con el medio ambiente, el saneamiento de los efectos malsanos que se desprenden de una competición sin reglas que hacen del dumping noticia cotidiana, si se requieren gastos de inversión en los escenarios educativos, formativos, de investigación y desarrollo, políticas inclusivas y contra la exclusión social..., la Unión debe tener poderes fuertes. Y el Parlamente no puede no disponer de sus atribuciones, por ejemplo, debe fijar los objetivos de política fiscal que se refieren a la esfera pública.

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Ahora bien, los anteriores desafíos en torno a la Europa política (ya hemos dicho que es una condición sine qua non para que exista una Europa social) exigen, también sine qua non, unos sujetos políticos y sociales radicalmente nuevos: una personalidad nueva de los partidos políticos, del sindicalismo confederal y de las organizaciones empresariales. Todos ellos con capacidad para comprender el movimiento de la sociedad, sus tensiones y conflictos; y, sobre esa base, restituir un sentido a la política. Porque, disculpen el apotegma: sin política no hay posibilidad de una Europa social.

Desde luego la construcción de la Europa social exige que la política ponga en el centro de su conducta la revaloración social del trabajo como elemento de identidad concreta. Ello es fundamental porque se tiene la impresión que la lectura que se está haciendo, desde hace ya bastante tiempo, es que la modernización está imponiendo un obscurecimiento de la cuestión social. Me permito una ligera digresión, la más abundante literatura política de la izquierda (al menos, la española) es el federalismo, cuya importancia es innegable. Pero el federalismo no es para la izquierda, que yo sepa, una cuestión de identidad suficiente; podrá ser (es) necesaria, pero no suficiente. Sin embargo, el torrente de reflexiones al respecto contrasta con la exigüidad de análisis y propuestas políticas sobre los gigantescos cambios que se están operando tras la disolución acelerada del paradigma fordista. Ni que decir tiene que la Europa social requiere un cambio de metabolismo del sindicato europeo en, al menos, dos direcciones: una, la asunción plena (incluidas sus consecuencias) de la dimensión europea, especialmente en el terreno de la contractualidad; dos, el carácter plenamente europeo de las plataformas reivindicativas, primero, y de los convenios colectivos, después, en todos los ámbitos. No sin cierta perplejidad, Antonio Baylos habla de que “resulta llamativa esta incapacitación del movimiento sindical a esta dimensión supranacional, cuando su acta de nacimiento fue el internacionalismo[15].

En resumidas cuentas, lo que quiero trasladar a este encuentro es la necesidad que tienen tanto la izquierda política como los sujetos sociales (también los empresarios orgánicos) de una nueva epistemología. Hablo de la construcción de un pensamiento realista e históricamente fundamentado, no un nuevo mito ideológico y político: un pensamiento global, capaz de restituir a la izquierda el sentido de una función histórica y, al mismo tiempo, de darle a la política --a toda la política-- una nueva dimensión: la lectura de los procesos que, desde hace tiempo, están en acelerada marcha, con un análisis crítico de la sociedad moderna, con una idea concreta de los grandes cambios necesarios y de las fuerzas reales (sociales, nuevas instituciones, instrumentos de poder) para hacerlo posible, de un lado; y, de otra parte, es preciso un eficiente compromiso entre la política y la economía, entre el Estado y el mercado, por lo menos en la línea de lo ya hablado en la Conferencia de Lisboa, esto es, dando a la política y al Estado un papel de guía del proceso económico.

Un compromiso, digo, en base a estos elementos que, de momento, son necesariamente genéricos:

n La profundización de la democracia creando nuevos institutos de participación activa e inteligente;

n La democratización de la economía, valorando socialmente el trabajo, el control y la transparencia de los procesos financieros[16];

n El establecimiento de controles del mercado con una propuesta histórica de su papel insubstituible;

n Un proyecto de reforma de la empresa;

n La gestación de un nuevo welfare incluyente;

n La compatibilización entre desarrollo económico, Estado de bienestar y paradigma medioambiental:

n La paz como bien universal, como convivencia general en todo el planeta.

[1] Umberto Romagnoli en Per una nuova identità del sindacato. Eguaglianza e libertà. http://www.eguaglianzaeliberta.it/

[2] De hecho esta cuestión ha sido tratada in extenso por Miquel Falguera i Baró en toda su literatura jurídica. Ver relación de autores en la Revista online del Ctesc: http://www.ctescat/.

[3] Para estos asuntos de la flexibilidad, véase mi trabajo Diálogos con Javier Terriente en La factoría, núm. 20, en http://www.lafactoriaweb.com/

[4] Joan Majó: Nuevas tecnologías y educación. Primer Congreso de las TIC en los centros de enseñanza no universitaria. El texto íntegro de esta conferencia viene en la web de Joan Majó. Buscar por google.

[5] José Luis López Bulla en La cuestión tecnológica, El País-Cataluña, 25 de abril de 2003

[6] Manuel Castells y Pekka Himanen: El Estado de bienestar y la sociedad de la información, El modelo finlandés (Alianza editorial, 2002), donde se explica hasta qué punto una serie de innovaciones creadas por los hackers han sido adoptadas posteriormente por todo tipo de corporaciones; por ejemplo, el sistema de mensajes de texto. El mismo Pekka Himanen acuñó en 1991 la expresión hackerismo social.

[7] Por ejemplo en el número 2 de Izquierda y Futuro, El control de la flexibilidad.

[8] Que fue una de las grandes características del sistema taylo-fordista. Aunque algunos oídos pacatos se escandalicen es claro que toda una serie de cuestiones, especialmente salariales, surgieron de lo que he calificado de pacto callado. Comoquiera que, en aquellos sistemas tan rígidos, era dificultosa la movilidad y el ascenso categorial, se compensaron mediante los pluses de antigüedad y otras de características festivas, como por ejemplo, las navidades y vacaciones de verano; estas últimas en la España de Franco, Franco, Franco (y su fordismo cuartelero) se llamaron del 18 de Julio.

[9] Esta es, a mi entender, la explicación esencial de la crisis de los sistemas públicos de protección, lo que descartaría argumentos tales como la mayor esperanza de vida de los pensionistas y otros que, aunque no irrelevantes, no son explicaciones esenciales.

[10] Jürgens Peters, importante dirigente sindical de la IG Metall, en Gewerkschlafliche Monastschefte, una importante revista de dicha organización en su núm. de junio 2001: “Los sindicatos han entrado debilitados en el nuevo siglo desde el punto de vista de las políticas distributivas. Para poder repensar adecuadamente ante sus propios afiliados y actuar en sus ´competencias políticas´ deben recuperar la capacidad de influir en la distribución, repensar y desarrollar de nueva forma los instrumentos redistributivos”.

[11] El índice se basa en cuatro componentes: la creación de tecnología (el número de patentes otorgadas per cápita, los ingresos por autoría intelectual y licencias exteriores per cápita), la difusión de las innovaciones recientes (internet, exportación de productos de alta y media tecnología), la difusión de tecnologías antiguas (teléfono, electricidad) y el nivel de cualificación humana (promedio de años de escolarización, tasa bruta de estudiantes universitarios de ciencias e ingeniería sobre el total del estudiantado). Lo que ha llevado a que la exclusión social medida por el analfabetismo funcional sea bajísima en Finlandia (6,9), mientras que en los Estados Unidos es un 17,9 y en el resto de las economías avanzadas un 15.5, según datos de la OCDE en 2001.

[12] Joan Majó, ver: Chips, cables y poder (Editorial Planeta, 1997)

[13] En un sentido más amplio incluiría, además, todas las actividades intelectuales y al conjunto de la producción cultural.

[14] Es conocida la frase del economista norteamericano Lester Turrow: “Los europeos tienen un mentecato Banco Central que se concentra sólo en la inflación”.

[15] Ver Antonio Baylos en La necesaria dimensión europea de los sindicatos y sus medios de acción, Gaceta sindical, monográfico núm. 178, setiembre de 1999. Estos asuntos tan importantes apenas si tienen tratamiento en los documentos congresuales que se están celebrando estos días, a pesar de que un buen pelotón de países, de aquí a poco, serán miembros de pleno derecho de la Unión Europeo.

[16] Loretta Napoleoni ha escrito un interesantísimo libro Yijad, cómo se financia el terrorismo en la nueva economía (Urano) con abundante información al respecto. Según la autora la economía del terror supera los 1,5 billones de dólares: una cifra superior al doble del producto bruto del Reino Unido.

LOS CIBERDERECHOS SOCIALES

LOS CIBERDERECHOS SOCIALES

José Luis López Bulla

La acción colectiva del sindicalismo confederal ha sido, a lo largo del tiempo, determinante en buena medida para la constitución de un significativo elenco de derechos de ciudadanía social. Como es sabido, han sido dos los instrumentos que el movimiento organizado de los trabajadores ha puesto en circulación desde hace más de siglo y medio para conseguir tales derechos: uno, el mecanismo legislativo; dos, la acción concertada de la negociación colectiva, a través de la tensión entre las partes del litigio. La primera consideración que debemos referir es la siguiente: en el contexto del ejercicio de los mencionados derechos han avanzado las relaciones laborales y la economía, o –si se prefiere-- han mejorado sensiblemente las condiciones de vida y trabajo de los asalariados y la marcha de las empresas. Por otra parte, es también obligado recordar que ese cartapacio de derechos ha ido conformando el itinerario de lo que se ha dado en llamar Estado de bienestar: una obra gigantesca que, sin lugar a dudas, es patrimonio, de un acuerdo (a veces genérico, a veces concreto) entre el movimiento organizado de los trabajadores en sus vertientes políticas y sociales, y las fuerzas empresariales ilustradas, también de los partidos políticos que, directa o indirectamente, les representaban. Se diría que, a través del acuerdo (por lo general no fácil y, de modo frecuente, con tonos ásperos) se fueron poniendo los cimientos de lo que, tal vez de manera un tanto imprecisa, se ha dado en llamar el modelo social europeo. No es gratuito recordar que la Constitución Española sanciona de iure lo que de facto fue conquistándose, a trancas y barrancas, en la lucha contra el franquismo. Se trata de una legalidad en los centros de trabajo que --¿habrá que decirlo alguna vez por todas?-- expresa que, en tales ámbitos, existe hoy más libertad que nunca: es el resultado del contraste y del acuerdo, también de las más fecundas aportaciones de los operadores jurídicos del iuslaboralismo.

El maestro Aris Accornero acostumbra a decir que el siglo XX ha sido, también, la centuria de los derechos sociales, y no le falta razón. El paradigma de los derechos sociales que hemos conocido hasta ahora se desarrolló en el contexto del pacto implícito entre el sistema fordista y el sindicalismo confederal. Ahora bien, es inobjetable, a todas luces, que el sistema fordista está desapareciendo velozmente, y hasta que no se encuentre una mejor definición vivimos en un mundo que, por pura comodidad expositiva, denominamos posfordista. De manera que las grandes obras de antaño (incluso sus símbolos) están siendo substituidos por las grandes mutaciones, que no han hecho más que empezar. De ahí que tanto las organizaciones empresariales como el mundo sindical digan que están empeñados en “ponerse al día”, esto es, ser sujetos de este tiempo de hoy. La segunda consideración que debe hacerse es: tan vastas transformaciones no son una conspiración para doblegar a nadie. Se trata –ya lo dijo autorizadamente alguien a mediados del siglo XIX-- de la incesante revolución de las fuerzas productivas. Ahora bien, también hoy se está en mejores condiciones que nunca para abordar e intervenir en esos complicados grandes movimientos. Y uno de los instrumentos para ello es el atinado ejercicio de los derechos sociales.

Si hemos partido de la constatación de que el sistema fordista está definitivamente enterrado, la conclusión parece ser ésta: los grandes cambios de los sistemas de organización del trabajo –si quieren ser eficientemente sostenibles-- deberían estar acompañados por una nueva trama de derechos y deberes sociales. O, en pocas palabras, la economía es eficaz si está acompañada de los adecuados instrumentos de seguimiento que son los derechos. La argumentación es simple: si en el sistema fordista rigieron unas normas (unas acordadas explícitamente, otras de manera tácita), este nuevo paradigma de la innovación-reestructuración debe contar con unas reglas propias que sean expresión de los tiempos que corren. Por ejemplo, si la flexibilidad ya no es una pauta contingente sino un aparato de largo recorrido, para que no se traduzca en una patología social es obligado que cuente con el instrumento de la negociación; de esta manera puede ser un medio eficaz para la auto-realización personal y colectiva. Naturalmente, si el conocimiento y los saberes son hoy y a partir de hoy, en expresión de Robert Reich, la riqueza de las naciones, este nuevo sistema de empresa debe estar presidido por los derechos de ciudadanía en el paradigma del conocimiento y los saberes. Naturalmente, el saber y el conocimiento como derecho esencial de todas las personas y como inversión estratégica para el desarrollo económico, social y cultural. De ahí que saber y conocimiento no deban ser conjugadas como políticas sectoriales sino elementos centrales de la eficiencia económica y la cohesión social y territorial.

El modelo social europeo es, en buena parte, una expresión puesta al día del poder de la palabra que, según se dice, tuvo su cuna en la Atenas clásica. Mucho más tarde fueron los ilustrados de la Europa del siglo XVIII los que hablaron de la libertad de los modernos. La palabra, acompañada del hecho societario, volvía a emerger y se hizo carne de derecho. Y fue utilizada por las organizaciones de los emprendedores en sus batallas democráticas contra el Antiguo Régimen; y empezó a ser usada, de igual manera mucho más tarde, por el conjunto asalariado en sus primeras balbuceantes agrupaciones y, después, consolidada por el asociacionismo sindical. El resultado, visto con los ojos de hoy, es que-- tras el acuerdo, pacto, convenio (o como quiera llamársele), expresado mediante la palabra-- se ha ido avanzando, no sin dificultades, en la civilidad de las relaciones laborales que, aunque siempre asimétricas, iban compensando parcialmente los antiguos unilateralismos. Esta es una enseñanza que los agentes sociales y los operadores económicos deberían tener, como manual de cabecera, para los tiempos de hoy, de los que son destacados protagonistas.

Los científicos sociales del Diecinueve hablaron del “agente principal de la gran industria” y convinieron que era la máquina de vapor de Watt. Si dicha expresión no hubiera caído en desuso es posible que el agente principal de la gran industria del siglo XX fuera la cadena de montaje que el genial capitán de industria Henry Ford puso en marcha en su día. En estos tiempos de ahora el reemplazo no parece ser otro que Internet. Más todavía, Internet también como uno de los símbolos (tal vez el más llamativo) de la globalización que, a fin de cuentas, es una expresión del proceso de innovación-reestructuración al que antes se ha aludido.

La innovación tecnológica y los nuevos sistemas de organización del trabajo están produciendo algunos efectos que conviene estudiar con serenidad: 1) un centro de trabajo con unos perfiles que no tienen la aspereza de antaño, con independencia de que las relaciones laborales sigan empeñadas en la permanente tarea de la humanización del trabajo; 2) una dislocación de las maneras tradicionales del ejercicio de los derechos de participación y de la práctica del conflicto social, porque la empresa ya no se caracteriza por el apelotonamiento de las personas en el mismo lugar como era bien visible en el lugar fordista. Y en último lugar, aunque no de menor importancia, porque tales cambios no están todavía suficientemente acompañados por unos derechos sociales que sean verdaderamente la pareja de hecho de las mencionadas innovaciones. De ahí que deban valorarse los esfuerzos que, a través de la negociación colectiva, se estén dando en el terreno de las relaciones laborales. Debemos mencionar algunos ejemplos catalanes: el acuerdo de Seat de hace año y medio, Alsthom (2005), Gates Vulca, (***), Rubema (2004) y Delphi – Diesel System (2000 – 2003). Todos ellos se caracterizan porque cuentan con una incipiente manera de participar en el diseño del hecho de producir, mediante formas (repito, incipientes) de trabajo en equipo. Es decir, la novedad es que se valora el hecho participativo, la cooperación del grupo, en las nuevas formas de organización del trabajo. Lo que indicaría una razonable puesta al día de los equipos de management y las direcciones sindicales de ambas empresas, al menos en el aspecto que estamos tratando.

La participación, entendida como derecho de ciudadanía social, es algo incuestionable. Y –¿habrá que recordarlo nuevamente?-- en el uso de dicho ejercicio se han ido dando las transformaciones y los avances de la eficiencia en los centros de trabajo. Y se diría algo más: en la medida que la participación ha sido más activa e inteligente, los avances han sido más llamativos y las asperezas han sido menores. Vale la pena traer a colación que, en ese sentido, la participación ha mostrado con claridad que el sujeto social se manifestaba con su propia independencia de criterio y proyecto, ejercitando su concreta autonomía de movimientos.

Es un lugar común afirmar que estamos en la sociedad de conocimiento. Una de sus características es que a la persona que trabaja se le exige que piense y, a partir de ahí, sepa solucionar problemas. Es decir, todo lo contrario de la mona amaestrada tantas veces (y tan lapidariamente) citada por el ingeniero Taylor. Ocurre, por otra parte, que en el actual paradigma, los saberes empíricos no llegan a condición necesaria. Es necesaria una acumulación de nuevos saberes trasversales para afrontar los problemas existentes que, en un abrir y cerrar de ojos, aparecen en los centros de trabajo, y no sólo en los manager y cuadros intermedios sino especialmente en la persona que está a pié de máquina. De donde se infiere que la formación a lo largo de toda la vida es (además de un derecho) algo de la mayor importancia para la eficiencia de la empresa. Pero esto, por sabido, no motivará por el momento más argumentación. Pero sí parece necesario que, especialmente, en las nuevas circunstancias los hechos participativos son también una manera de socializar conocimientos --empíricos en unos casos y científicos en otros-- para resolver problemas (problem solving). Remitimos al lector que eche un vistazo al artículo de Saul Meghnagi que publicamos en el número de esta revista dedicada a la enseñanza, ahora archivado en nuestra web en la sección de socieconomía.

Pues bien, todo indica que existe un potente vínculo entre participación y eficiencia económica. Y es aquí donde tiene cabida el siguiente razonamiento: las nuevas formas del trabajo (especialmente todo lo relacionado con Internet, “agente principal de la gran industria”) requiere naturalmente su acompañamiento participativo a través de los mecanismos que proporciona la Red. Estamos hablando de lo que en la jerga al uso se conoce como los ciberderechos. Se trata del moderno ejercicio de la Red para poner en movimiento la palabra en las condiciones actuales y, así las cosas, para que el proyecto circule en tiempo real. Según Isidor Boix (uno de los sindicalistas europeos más reputados) se trata de “un tablón de anuncios virtual”. Esta plástica analogía tiene un alto valor pedagógico, porque al mismo tiempo está recordando que el viejo tablón de anuncios (que sigue siendo necesario) fue la expresión de un derecho de información. Ocurre, sin embargo, que el tablón de anuncios tradicional era la expresión de la difusión de la palabra en un centro concreto, cuyos lectores se circunscribían sólo a la nómina de los integrantes en una empresa dada. Y para mayor precisión, se encuadraba en la vieja relación entre el espacio y el tiempo; el cibertablón de anuncios supera el antiguo vínculo, y a la misma hora lo pueden ver las personas que están en el centro de trabajo y los que se encuentran a miles de kilómetros a la redonda. Así pues, se trasciende la física de Newton.

Ahora bien, el viejo tablón de anuncios fue un instrumento de “dirección única”: informaba al lector, lo que no era poco en su época, lo que no sigue siendo poco todavía. Ahora, la versatilidad de las nuevas tecnologías (y su reapropiación por el sujeto social) permiten la potente multidireccionalidad de la comunicación. De la misma manera que leo lo que expone el cibertablón, puedo enviar mis propuestas --no sólo al “comunicante” sino también a la comunidad social informada-- que son formalmente hechos participativos, nuevas formas de intervención. De ahí la insistencia de ciertas plataformas sindicales en el planteamiento de los ciberderechos, de un lado; y, de otra parte, su fijación en algunos (pocos todavía) convenios colectivos.

Lo que sí parece estar fuera de dudas es que la capacidad de proyecto de los sujetos sociales estará vinculada a la asunción que éstos hagan del hecho tecnológico. De un lado, de la fuerza constructiva que pongan en marcha para intervenir en los grandes procesos de innovación de las estructuras productivas; de otra parte, en la capacidad de que instrumenten para utilizar responsablemente el hecho tecnológico en los hechos participativos. Sobre lo primero hemos tratado en otras ocasiones; de ahí que se insista en el segundo aspecto que, además, es el que toca ahora. Y, en ese sentido, séame permitido un recordatorio histórico. Hace más de cien años los maquinistas de los trenes llevaban con ellos mismos las noticias y sus propios periódicos; eran los difusores capilares en las ciudades, utilizando el sistema de los ferrocarriles. Era la manera, metafóricamente hablando, de estar en la red de aquellos tiempos. Y este ejemplo viene a demostrar, salvando las distancias que se quiera, que la comunicación no sólo ha sido central en estos nuestros tiempos de mega expresión mediática. A su manera, lo fue siempre, y quienes la utilizaron (los ferroviarios) tuvieron una fuerza considerable en toda Europa. Pues bien, desde el 14 de noviembre pasado el movimiento sindical tiene un poderoso medio de información de los acontecimientos que se suceden en el mundo; se trata del diario online http://www.labourstart.org/ que, sin duda alguna, es una moderna expresión de la tarea comunicativa de aquellos legendarios ferroviarios de hace más de un siglo.

(Publicado en la revista online del Ctesc)

A PROPOSITO DE UNA PRACTICA DE FITEQA

Para la Revista del Derecho Social (junio 2005)

Elecciones (sindicales) en el sindicato:

a propósito de una práctica de Fiteqa-cc.oo.

Isidor Boix Lluch

José Luis López Bulla

La vieja y un tanto estéril polémica entre comités de empresa y sección sindical de empresa (o el sindicato en el centro de trabajo) sigue sin resolverse. Tal vez uno de los problemas que ha tenido el sindicalismo confederal español (y concretamente CC.OO.) ha sido que no ha sabido, querido o podido establecer normas capaces de reglar la llamada relación entre uno y otro sujeto social. Así las cosas, esta indefinición ha comportado una serie de prácticas tan alejadas entre sí que parecería que no se referían a la misma casa confederal sino a otras bien distintas. La situación es tan compleja que en determinados escenarios prima por encima de todo la figura del comité y en otros es el sindicato en el centro de trabajo quien se lleva la palma. En teoría no habría motivos suficientes para alarmarnos, si no fuera porque en la práctica (y eso es lo que cuenta) esta dualidad ya contradictoria se traduce en muchos casos en una manifiesta incapacidad para intervenir adecuadamente en los gigantescos procesos de reestructuración-innovación de la producción y los servicios en la economía globalizada.

Desde la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CC.OO. (Fiteqa-cc.oo.) nos llega una experiencia, ratificada en su reciente III Congreso (Pamplona, 27-29 de abril), que sin terciar aparentemente en dicha polémica aporta referencias útiles para ésta, y, sobre todo, una nueva demostración de la capacidad de la práctica para construir modelos sociales y dar respuesta a preguntas no siempre bien formuladas. Nos referimos a las elecciones en el sindicato (en jerga sindical, de la “sección sindical” de empresa o intercentros) previstas en el artículo 16 de sus estatutos federativos y las normas que lo desarrollan. Se trata de la prescrita constitución de la “sección sindical” en los centros de trabajo con más de 30 afiliados.

Esta concreta normativa podría parecer que no aporta ninguna novedad si no fuera por el detalle del procedimiento establecido para ello y las consecuencias que podrían desprenderse (y que el mencionado Congreso ha confirmado que está efectivamente ya teniendo): presentación de candidaturas y programas de trabajo, elección mediante sufragio universal y secreto de los afiliados, asamblea general previa de afiliados para presentar balance por parte del órgano sindical saliente, sistema de representación proporcional, responsabilidad e implicación de los órganos federales en el proceso de elecciones, régimen de incompatibilidades entre las responsabilidades en los órganos sindicales (del sindicato) en la empresa y las del comité de empresa. Se trata en definitiva de subrayar la personalidad de la “sección sindical”, cómo se relaciona con la base afiliativa del sindicato, y, con ello, su específica significación en la acción sindical en la empresa, a la vez que su relación con la estructura sindical federal y el sentido de esta relación, mucho más ligada a la acción sindical y a las particulares responsabilidades de dirección, orientación y coordinación de cada una de las estructuras sindicales, así como a la autonomía de decisión que todo ello comporta para cada una, que a las cuestiones puramente adminsitrativo-internas del sindicato. A nuestro entender estamos ante la experiencia más madura que existe en nuestro país en lo relativo a la representación de los asalariados en el centro de trabajo.

La razón de la antes mencionada inadecuación estriba en que el comité de empresa, como expresión de una cultura fordista y como sujeto autárquico, no está ya plenamente capacitado para intervenir en las diversas mutaciones de la empresa, ni puede encarar con eficacia los retos de la globalización. Su personalidad, que tiene su origen en los trabajadores del centro de trabajo que lo han elegido, termina en sí mismo, sin proyección orgánica en ámbitos que vayan más allá de las paredes del mismo: se trata, por así decirlo, de islas incomunicadas que no conforman un archipiélago. Todo ello condena al comité a ejercer un obligado corporativismo del ámbito en el que ha sido elegido y en el que termina su responsabilidad. No es que el sindicato en el centro de trabajo sea capaz de ser un sujeto plenamente contemporáneo de las grandes mutaciones de época porque lo proclame sin más, sino porque no tiene los “límites” que acompañan al propio comité de empresa. Más todavía, porque el sindicato se estructura (o puede hacerlo potencialmente) en los grandes horizontes de la globalización, porque el sindicato puede desarrollar, sin confines, su esencia de solidaridad organizada, u organización de la solidaridad, que supone construir el contenido de su naturaleza “de clase” a partir de la experiencia colectiva de la clase trabajadora organizada en torno a la defensa de sus intereses y sus reivindicaciones colectivas e individuales desde el centro de trabajo, con sus necesarias raíces en éste, pero sin terminar en él. Y son esas raíces las que se pretende consolidar y desarrollar con esta forma de hacer.

En resumidas cuentas, el comité es un sujeto con “imposibles”, y eso es una certeza; en cambio, es una hipótesis que el sindicato pueda abordar todos los desafíos (o está en mejores condiciones) de esta vasta transformación. Empezamos a ver --y la experiencia de Fiteqa es una en este sentido-- que se trata de una hipótesis realizable. Mejor dicho, que ya está en marcha con resultados razonablemente positivos: una amplia red de secciones sindicales en los centros de trabajo, un apreciable nivel de incremento de la base afiliativa y un rejuvenecimiento de la misma, amén de una superior presencia de la mujer en tales estructuras.

Con toda seguridad, las prácticas de Fiteqa indican que el proyecto se caracteriza porque no separa las demandas diversas del conjunto asalariado de la forma organizativa que adopta la representación que negocia. Es decir, tutela y representación son inseparables del proyecto. Seguramente no será Fiteqa la única organización que realice tales prácticas pero es ahí, en ella, donde se visualiza con más detenimiento esa inseparabilidad entre demandas y exigencias, de un lado, y formas orgánicas de representación del conjunto asalariado federativo. Porque el proyecto no es sólamente la reivindicación sino la reivindicación que la estructura va organizando.

La seriedad y rigor del procedimiento de elección de la sección sindical, su solemnidad, así como el régimen establecido de incompatibilidades, lleva, sin necesidad de grandes debates previos, a una nueva relación entre sindicato y comité en la empresa. Desarrolla en la práctica el concepto de dirección e iniciativa sindical, desde el sindicalismo organizado, en el centro de trabajo de forma autónoma, como sujeto con personalidad propia ante sus afiliados y ante el conjunto de los trabajadores. Se trata de una función que puede desarrollarse a través de sus representantes en el Comité de Empresa, pero no sólamente a través de éste. Puede suponer, y en ocasiones así sucede, planteamientos no coincidentes con los del Comité, legitimados por su propia naturaleza sindical y por la expresión coherente y convergente de sus dos líneas de elaboración: la de su afiliación en la empresa y la de la organización sindical supraempresa en la que se integra.

El desarrollo de la específica personalidad sindical de la “sección sindical” está llevando a que desde Fiteqa se discute (ya con experiencias concretas al respecto) las formas de decisión de por ejemplo la firma de un convenio, debatiéndose la oportunidad (o la obligatoriedad) de someterlo a un referéndum formal (también con urna y voto secreto) de sus afiliados después de un proceso de debate de los órganos de la sección sindical y la toma de posición de éstos. Lo que supone una acumulación de participación, consciente e informada y, en concreto, una mayor densidad democrática del sindicalismo.

La histórica apuesta de Fiteqa por el sindicato en el centro de trabajo no pretende estructurar, pues, sólo una gimnasia organizativa; sí, empero, proponer colectivamente hasta qué punto las personas, en su libertad y autonomía, se reconocen entre-sí (se auto-cohesionan) para lograr, negociando, sus demandas. Unas demandas que, englobadas en grandes convenios, facilitan (aunque no explican necesariamente) la primacía del sujeto-sindicato en el centro de trabajo.

Ahora bien, Fiteqa hubiera podido seguir las venerables tradiciones de la familia “comisionera” a la hora de estructurar las secciones sindicales. Unas tradiciones de sobrado carácter gelatinoso, es decir, que cada cual monta la organización como dios le da a entender; hablando en plata: como si fuera la Brigada de Brancaleone, versión medieval del ejército de Pancho Villa. En cambio opta por la solemnidad de la norma. Esto es, se convoca en debida regla el proceso de configuración del sindicato en el centro de trabajo, y se oficializan la manera de ser elector y elegible, el modo de escrutinio, la forma de proclamación. ¿Solemnidad de culto? No, ejercicio de transparencia y, a través de la forma, hacer consciente el contenido, la naturaleza del sindicato como organización de afiliados con intereses colectivos. Pero hay algo más, Fiteqa (así las cosas) está indiciando un esbozo de ius sindicalismo que tanto se precisa en nuestro sindicalismo confederal. De este modo, suponemos que aparecerá gradualmente una nueva pareja de hecho en el panorama español: el iuslaboralismo y el ius sindicalismo, que podrán alimentarse el uno al otro de manera fecunda.

Y aquí se nos antoja una reflexión un tanto inédita en nuestros lares: si partimos de la base que, con las limitaciones que se quiera, disponemos de un abundante iuslaboralismo ¿cómo es posible que ello no tenga una similar traducción en mayor fortaleza de los sujetos sociales en España? Seguramente por muchos motivos. Pero, para lo que nos traemos ahora entre manos, una parte (una parte, no despreciable) es que el iuslaboralismo no se ha visto acompañado por el suficiente ius sindicalismo. Y el ius sindicalismo o es fruto del sindicato organizado o no será obra de nadie más, porque el carácter ontológico del comité no está para crear ius sindicalismo sino iuslaboralismo. O uno y otro se constituyen en pareja de hecho o, en estos tiempos, ambos se resentirán de no establecer unas adecuadas relaciones, aunque sean prematrimoniales.

Y lógicamente el ius sindicalismo no puede ser el ejército de Pancho Villa: que cada cual monte las cosas a su antojo. Normas discutidas, pues, con la voluntad de organizar-la-participación, consciente e informada, de todas las personas que se reconocen entre-sí como integrantes de un potente archipiélago: textiles, unos; químicos, otros; gasolineros, vidrieros, etc.… Naturalmente, si se norma la participación se opta por un imaginario que ya no es el desiderátum o la exigencia retórica de la necesidad de participación. Es, concretamente, mostrar de qué manera se participa, sabiendo que de su ejercicio, reglado con formas precisas, podrán surgir nuevas ideas y nuevas fuerzas, como efectivamente está sucediendo. Así pues, la norma es la propedéutica de la participación o, si se prefiere, la niñera de la participación. Y, si este razonamiento es aproximadamente cierto, la llamada a la afiliación cae en un caldo de cultivo más propicio: yo, que no estoy afiliado, veo que mis amigos, conocidos y saludados sí lo están ¿por qué, pues, voy a renunciar a estar donde se cuecen las habas de mi convenio?

Ahora bien, el sindicato organizado en el centro de trabajo, con normas y reglas, propone desafíos a la estructura dirigente federativa. Porque, Fulano (dirigente federativo) sabe que yendo a la sección sindical se encuentra con los suyos-suyos (afiliados-cotizantes y todo lo que se quiera añadir) y, comoquiera que existen reglas, Fulano tiene que debatir, fajarse, argumentar… En cambio, Zutano (dirigente de una federación que se soporta sobre los pilares del movimiento de los comités) cuando va a la empresa discute con el comité, pero la decisión del comité no le vincula orgánicamente (dejemos aparte la metáfora de la vinculación moral).

La experiencia de Fiteqa, su reciente III Congreso, también algunos de sus resultados en la negociación colectiva, quizás de forma particular los derechos de acción sindical precisamente en la empresa, que va conquistando en sus convenios (particularmente en los de ámbito sectorial estatal), ponen de manifiesto que los “Fulanos” a que nos referimos no son una figura supuesta para estas notas, sino personajes reales que desarrollan la función del sindicalismo como un útil ejercicio de representación de intereses que se materializan no tanto a través de su prédica, sino a través del ejercicio de esa representación en la acción sindical de cada día.

Mayo de 2005

Isidor Boix Lluch

José Luís López Bulla

ARTICULOS EN "El PAIS"

LOS SINDICATOS: ¿OTRA VEZ A LA GREÑA?

3/04/2003

José Luis López Bulla y Carles Navales Turmos

Las profundas transformaciones sociales de los últimos tiempos en el contexto de la crisis del antiguo modelo industrial (con la revolución informática y la extensión del trabajo flexible) plantean nuevos desafíos a la siempre necesaria tutela del trabajo y exigen una notable redefinición de los derechos sociales para responder adecuadamente a la generalizada tendencia de la precarización. Para intervenir en los procesos de innovación, con el objetivo de la cohesión social y la consolidación de los derechos, es hoy más necesario que nunca un sindicalismo confederal fuerte y unitario. Máxime cuando CC.OO. y UGT no son todavía suficientemente fuertes y, en estos momentos, vuelven a estar a la greña. Francamente, no creemos que esta división deba ser obligatoria. Más todavía, nos parece urgente que el sindicalismo confederal debe proponerse la iniciativa de recuperar la unidad de acción. La actual greña se traduce en un adelgazamiento de su capacidad de representar al conjunto asalariado y un debilitamiento de su propia fuerza. Sólo con una tenaz búsqueda unitaria, desde la diversidad de cada cual, pueden los sindicatos representar adecuadamente a los trabajadores en esta época de competencia global. Las (reales) diferencias de valoración y de propuestas sobre todo un mapa de problemas actuales no excluyen, en absoluto, la búsqueda de mediación y entendimiento. Porque, a fuer de sinceridad, habríamos de convenir en que la unidad se busca, mientras que la división se justifica. Afortunadamente, los sindicatos están en mejores condiciones que nunca para proponerse otra vez la exigida tensión unitaria porque han conseguido la plena independencia de análisis, criterios y propuestas; es decir, no hay correas de transmisión que les vengan desde tal o cual partido político. Esto es un avance significativo.

A nuestro juicio, hay dos problemas que deben afrontarse con el mayor corage intelectual: 1) la representación en el centro de trabajo y 2) la concertación social a todos los niveles. Nosotros nos preguntamos, mirando los toros desde el tendido, si no ha pasado ya la época de los comités de empresa: unos sujetos que no encajan ya en el mundo de la globalización y la interdependencia; y que son, además, una fuente de conflicto permanente por el poder (sólo simbólico) de ganar las “elecciones sindicales”. Desde luego una cosa parece evidente: desde esas estructuras no pueden abordarse las tutelas hacia el mundo del precariado y de la construcción de un Estado de bienestar a la altura de los tiempos que corren. La segunda cuestión es: o se aborda unitariamente la intervención sindical en el escenario tecnológico o empezará a crearse una situación de pérdida de control sobre unos cambios que no han hecho más que comenzar. Cuando hablamos de la tensión unitaria, no estamos haciendo un llamamiento “moralista”, porque no planteamos que nadie oscurezca su particular identidad. Hablamos de capacidad de mediación y síntesis, con sus correspondientes normas autorreguladas por los propios sindicatos a la hora de establecer las plataformas contractuales y las formas de ejercer el conflicto, en un intento de evitar al máximo los comportamientos (por parte de quien sea) de lo que se conoce como descuelgues. O lo que es lo mismo, se trata de poner en primer plano una mínima (aunque clara) pauta compartida de acción del sindicalismo confederal. Es una forma de actuar no válida sólo de manera espasmódica para unas determinadas grandes ocasiones, sino cotidianamente. Y sobre ello nos parece que son necesarias dos virtudes cardinales: audacia y paciencia. No hemos hablado de inteligencia porque unos y otros han demostrado que la tienen sobradamente, y saben que la fuerza colectiva de todo el sindicalismo confederal no se hace a costa de que una parte esté debilitada.

El País

El Estatuto y el derecho del trabajo

José Luis López Bulla es diputado por IC al Parlament de Catalunya y Carles Navales Turmos es

director de La Factoría, y afiliado al PSC.

Es posible que, tras las elecciones autonómicas de otoño, cada fuerza política catalana ponga encima del tapete

su particular borrador de reforma del Estatuto de Autonomía. Si finalmente se opta por el deseable consenso, es

cosa que se irá viendo con el tiempo. Ahora bien, tan necesaria reforma arrastrará, lógicamente, una situación

parecida en determinadas comunidades autónomas, que no querrán ser menos. Es decir, se puede poner en

marcha una ebullición, que, si va acompañada de hechos participativos inteligentes, se convertirá en una situación

política de gran interés. O puede suceder también que, dada la estrategia de la tensión entre el centro y las

nacionalidades, que tan buenos dividendos está dando al Partido Popular, éste centrifugue el tema y el resultado

sea confirmar por mucho tiempo lo que ahora hay, que equivaldría a una involución, o sea, a la antítesis al

progreso que los reformadores buscamos.

Como quiera que todavía hay tiempo hasta que llegue dicho momento, quizás valga la pena empezar a darle

vueltas a la cabeza a tan significativa cuestión, y aunque el tema que trataremos es parcial, no por ello deja de ser

relevante: las cosas del Derecho laboral. Más todavía: estas notas no esconden que podrían servir de meditación

a la hora de configurar los definitivos programas electorales. También estas notas vienen a cuento porque hemos

vivido personalmente la presentación de demandas de colectivos sociales, que exigían una leyes catalanas sobre

determinadas materias laborales, en ocasiones con gran fundamento y en otras con menor justificación. Éste es

un tema al que somos sensibles, seguramente por nuestra trayectoria pública. Pero, sobre todo, porque el

Derecho laboral -una gran conquista de la civilización- ha dado históricamente la palabra a los trabajadores,

aunque, a decir verdad, también se la ha recortado.

La primera cosa que se nos ocurre es: si todos se ponen a reformar sus correspondientes estatutos -y no vemos

ninguna razón para contrariarles-, ¿habrá una generalizada demanda, que, en la práctica, implique el troceamiento

del Derecho laboral? Pongamos dos casos extremos: ¿se puede fragmentar la Seguridad Social y, o también, lo

relativo a la movilidad geográfica? Si se nos contesta que para ello hay que cambiar la Constitución española,

cosa que sabemos perfectamente, se entrará parcialmente en el tema. Porque entonces volveremos a la carga:

¿hay que cambiar la Constitución para trocear el Derecho laboral? Estamos hablando, ¡quede claro!, de los

aspectos legislativos químicamente puros, porque nada impide la transferencia de los instrumentos. Por ejemplo,

somos partidarios de la unicidad de la Seguridad Social y, simultáneamente, de la descentralización de su gestión.

La segunda cosa que pensamos es: nuestro (nuevo) Estatuto de Autonomía de Cataluña, con su ejemplo, puede

hacer avanzar en España un federalismo solidario, que, como tal, viene obligado a ser cooperante, o conducir a un

conjunto de retales en orden disperso. Es decir, se puede orientar hacia un Derecho laboral con razonables

diversidades o puede inducir a no sé cuántas apariencias de tutelas, estas últimas desagregadas las unas de las

otras. Lo primero es deseable y útil; lo segundo, un estropicio caballuno para la condición asalariada, los

pensionistas y los que buscan empleo, sea el primero o el enésimo. Así pues, nos preguntamos y, en especial,

interpelamos a la política, al sindicalismo confederal, a los empresarios y a los profesionales del Derecho laboral:

¿qué corresponde legislar desde la centralidad de las Cortes?, ¿qué puede ser materia compartida? y,

definitivamente, ¿qué legisla cada Comunidad Autónoma? Quien no tenga presentes estos asuntos a la hora de

redactar sus definitivas propuestas de reforma del Estatuto está dando, a muchas sabiendas, gato por liebre. Y

nosotros añadimos -gracias a nuestro olfato felino, que nos permite intuir las paradojas- que las comunidades

autónomas que sean partidarias de trocear el

Derecho social serán las más perjudicadas, algo que es sabido por trabajadores, empresarios y profesionales del

Derecho, aunque no estamos seguros de qué nivel de convencimiento al respecto tienen algunos sectores de la

vida política: desde los suficientemente informados a los generalmente indocumentados -si los hay-, pasando por

los que pueda haber del quiero y no puedo. Ni que decir tiene que pedimos disculpas si alguien piensa que somos

unos descarados, pero con alguna frecuencia las calendas electorales dan la impresión de un cierto desmadre en

lo que se promete, a veces incluso jugando con las cosas del comer.

La verdad es que no estamos excesivamente inquietos, porque somos conocedores de una instancia catalana

prestigiosa y que puede ponerse manos a la obra si es requerida para propiciar y sugerir razonadas propuestas:

es el Consejo Económico y Social, acompañado por buenos expertos en la materia. No decimos que sea el único

instituto propulsivo, pero ya sería un buen arranque que entrara en harina; saberes tiene y se supone que cuenta

con recursos. Lo que no agota el asunto, porque éste es un debate y un proyecto que afecta al común de los

mortales desde el cabo de Gata a Finisterre, de Roses a Ayamonte y desde los cántabros hasta las playas

tarifeñas.

Nosotros lo vemos así, alertados como estamos de la sarta de disparates que se están haciendo en Italia con la

llamada devolution, que no es otra cosa que la transferencia de importantes poderes desde el centro hasta la

nueva realidad de las regiones. Decimos disparates porque cabe la posibilidad en aquel país de que cada Región

legisle de forma diversa, y hasta contradictoria, sobre algo tan serio como el carácter del contrato de trabajo: una

lógica que conviene a los berluscones. De ahí que exclamemos: ni eso, ni Felipe Quinto.

26 de mayo de 2003

20-J: la huelga de los dignos

JOSÉ LUIS LÓPEZ BULLA Y CARLES NAVALES

EL PAÍS - Cataluña - 11-06-2002

Es ya un sobado tópico la afirmación de que el sindicalismo confederal sólo defiende a la categoría de los trabajadores instalados. Por mucho que se razone en contra, el mensaje sigue recorriendo los territorios mediáticos más diversos con las más diversas plumas que, aunque quincalla ideológica -o precisamente por ello-, intentan concretar un ánimo injuriante contra las organizaciones sindicales.

Y es que los datos prueban justamente lo contrario, y para muestra un botón: el conflicto del próximo 20 de junio es precisamente un gran gesto solidario del conjunto asalariado, con más poder contractual, hacia los sujetos más débiles del universo del trabajo. En efecto, los menos protegidos son los destinatarios de un abusivo decreto ley promulgado por un Gobierno que se erige simultáneamente en juez, fiscal y jurado.

Esta solidaridad pone en entredicho otra afirmación también un tanto gratuita, aquella que formulan ciertos analistas: cualquier solidaridad a la manera de antaño siempre es la mejor. Es una sociología de baratillo, a la que le cae la baba tras la lectura de los conflictos de un lejano ayer, pero que mira con suspicacia la confrontación de hogaño. Una situación que, por lo que sabemos, ocurre en cada época. A quienes así son, el gran Maimónides les dedicó su famosa Guía para perplejos.

La constatación cierta, por probada, puede convenirse en lo siguiente: las evidentes interferencias que el territorio posfordista genera en el ejercicio del hecho participativamente solidario son contestadas con el coraje moral del sindicalismo confederal, como lo prueba la convocatoria del 20 de junio. Tal contestación tiene una importancia de primer orden tanto para el carácter del sindicalismo como para la inmensa agrupación de agraviados por el decretazo: los más débiles y sus familias.

Así es que, mientras nos dedicamos a labores de fiel infantería en apoyo del 20-J, vamos dándole vueltas a la cabeza: ¿de qué modo el sindicalismo es un sujeto incluyente de los dos espacios sociales con menor representatividad y representación, cual son los sectores menos protegidos y aquellos segmentos de mayor especialización tecnológica? Porque se corre el riesgo de que la solidaridad esté siempre bajo las espaldas de ese colectivo intermedio, el que se encuentra entre los más bajos y los más altos del escalafón. Y mientras repartimos octavillas y enviamos e-mails de adhesión a la huelga general, nos estrujamos el cerebro: ¿qué hacer para que la solidaridad no sea solamente un coraje moral en las grandes solemnidades y forme parte de la cultura alternativa en este paradigma posfordista, lo cual tiene mucha miga? Porque el coraje moral es una condición casi suficiente, pero no lo es todo. En buena medida, transformarla en plenamente suficiente dependerá de que el sindicalismo avance en su proyecto de sujeto incluyente de todas aquellas categorías del escalafón de los asalariados, hoy receptoras de solidaridad.

Maimónides era cordobés; también Séneca. Éste dejó dicho: desde lejos no se pueden hacer determinados dictámenes. Es al sindicalismo confederal al que le compete seguir haciendo tan complicados juicios, aunque ahora el esfuerzo está en transformar la hipótesis del conflicto para convertirla en certeza.

Cuentan, además, con involuntarios ayudantes: los púlpitos gubernamentales, que nunca supieron que la división acorazada contra el 14 de diciembre de 1988 cada vez que hablaba hacía subir el precio del pan. Fue cuando el tiempo se paró 'para no infundir sospechas'. Era necesaria esta alusión a García Lorca; no sea cosa que se enfaden en la vega de Granada, con tanto cordobés por medio. También allí se hará la huelga de los dignos.

Este verano sangriento

JOSÉ LUIS LÓPEZ BULLA / CARLES NAVALES

Los accidentes mortales han sido la pesadilla de los meses de julio y agosto. Aparentemente se tenía la impresión de que se sufría una maldición bíblica, sembrando dolor y luto en no pocas familias. Pero nada más contrario a causas sobrenaturales; tan sangriento azote es el resultado de una serie de causas que el empresariado y los poderes públicos no quieren ver de ninguna manera; pero las medidas de siempre se han caracterizado por ser disposiciones burocráticas que, como es natural, todavía no han dado resultado alguno. Con los datos en la mano, se puede afirmar que, desgraciadamente, la lucha contra la siniestralidad laboral ha fracasado estrepitosamente. A nuestro entender, las causas primeras que originan tanta mortandad y unos exorbitantes gastos financieros en los sistemas públicos de protección social, están en: a) partes del articulado del Estatuto de los Trabajadores que conceden al dador de trabajo toda la potestad para determinar los sistemas de organización de este trabajo; b) los elevados niveles de precarización de la mano de obra, y c) la interminable cadena de subcontrataciones que hace invisible la determinación de la responsabilidad de las cosas. A continuación vendría toda una serie de consideraciones, también de envergadura: la inoperancia de los poderes públicos para dotar de instrumentos eficaces a las políticas preventivas, hoy prácticamente inexistentes, y la tacañería en dotaciones financieras (así de los empresarios como de las administraciones públicas), que siguen pensando en términos de gasto convencional.

Hay que entrar a fondo en lo que denominamos las causas primeras. De ahí que venga a cuento la siguiente reflexión: la flexibilidad no es algo aislado, sino un método permanente y de largo recorrido. Es una flexibilidad que está exclusivamente en manos del dador de trabajo sin ningún tipo de controles; no existe vínculo alguno entre flexibilidad y seguridad. Por ello proponemos que el legislador, de manera pactada con los agentes sociales y los empresarios, elabore una ley de flexibilidad. Intuimos que a más de uno se le pondrán los pelos de punta, pero estamos decididos a dejarnos la piel en su argumentación. Esta ley de flexibilidad, junto a las reformas legislativas del Estatuto de los Trabajadores y otras que se desprenden de lo dicho anteriormente, supondrían un itinerario nuevo. Desde luego, son imprescindibles los comportamientos de los agentes sociales y el empresariado a la hora de establecer una contractualidad nueva que tome la salud como el centro de las condiciones de trabajo. Más todavía, ¿por qué no un pacto social entre administraciones, sindicatos y empresarios sobre salud y seguridad en el centro de trabajo?

Realmente, lo que estamos planteando se nos antoja un giro copernicano que deje atrás las políticas que no sólo no han avanzado en defensa de la salud en el centro de trabajo, sino que están dejando las cosas como siempre. Por ejemplo, dejar las cosas como siempre es entender que la salud en el centro de trabajo es algo marginal, que no forma parte de la salud pública. La misma expresión 'salud laboral' está siendo interpretada como algo que está fuera de la city. Nosotros, por el contrario, pensamos que mientras no se conciba como un problema de salud pública las cosas seguirán como hasta ahora. Porque lo que está fuera de toda duda es que el asunto sólo estremece cuando aparece la tragedia, después viene aquello de a otra cosa, mariposa. Así pues, se requieren reformas estructurales, el resto es pura cháchara como aparentando que se está en el ajo.

LA HUELGA VIRTUAL, una hipótesis

José Luis López Bulla

El reciente conflicto de los controladores aéreos y el planteamiento de CC.OO. de Cataluña en su debate precongresual (la recuperación de la idea de la autorregulación de la huelga) me han sugerido una serie de reflexiones en torno al ejercicio del conflicto social en los servicios públicos. Las ideas que siguen son solamente una posibilidad que no pretende archivar el tradicional ejercicio de la huelga sino apuntar un escenario que podría estudiarse: se trata de la huelga virtual. Lo expondré someramente.

El ejercicio del conflicto social en los servicios públicos tiene una especial característica: en él no sólo se ven afectados los asalariados y el dador de trabajo, sino también los ciudadanos en su condición de usuarios. Hay que decir que todavía el sindicalismo no ha resuelto convenientemente los (enormes) problemas que tales situaciones acarrean y que, en no pocos momentos, provocan un amplio clima de enemistad hacia los convocantes de la huelga. Esto es lo que, en parte, pretende resolver el método de la autorregulación de la huelga según ha indicado desde hace muchos años CC.OO. de Catalunya. Pero, con ser un paso adelante, no acabaría de resolver el litigio entre los huelguistas y la ciudadanía. De ahí que me parezca más conveniente elaborar una nueva praxis del (moderno) ejercicio del conflicto social. Sin embargo, para darle mayor apoyo teórico, quiero hacer las siguientes reflexiones sobre qué está pasando en la actualidad con las huelgas en algunos sectores. Primero, las empresas de transportes públicos ahorran salarios, también el uso de los medios y los gastos de combustible y una parte de las subvenciones que reciben; segundo, los ciudadanos acaban maldiciendo a los huelguistas y restándoles apoyo solidario; tercero, el daño que se hace a la contraparte es enjugado por las antedichas ventajas y deviene sólo un daño simbólico. Yendo por lo derecho, en tales condiciones los huelguistas se pegan una patada en sus propias espinillas. Mejor sería, pues, ensayar una nueva práctica: la huelga virtual.

En determinado sector público se está en puertas de un conflicto social. El sindicalismo convoca la huelga virtual, que consiste en que los trabajadores (que no cesan en su actividad laboral) renuncian a cobrar el salario que les corresponde y ceden ese dinero a un fondo; la empresa, por su parte, ingresa el doble (o el triple) que los huelguistas. El montante global sería cogestionado por la representación de los trabajadores y la empresa, e iría orientado a asuntos de utilidad pública. Todo lo cual debería estar reglamentado convenientemente por ambas partes. Las ventajas de esta propuesta son: a) la empresa recibe una presión superior (y no simbólica) a la de la huelga tradicional; b) la ciudadanía no estaría sometida a rehén por unas negociaciones en las que no participa, aunque se ve involucrada en ello; c) sindicatos y usuarios podrían, de ese modo, establecer una relación de fecunda colaboración con esta forma de hacer las cosas.

Naturalmente, no se trata de una alternativa que impugne el derecho al tradicional ejercicio del conflicto. Es, simplemente, un estilo que podría tenerse en cuenta y que, con sus convenientes experiencias piloto, podría adquirir de facto

carta de naturaleza. En todo caso es conveniente que los sujetos sociales elaboren una praxis nueva sobre el ejercicio de la presión reivindicativa mucho más acorde con las actuales sociedades complejas. Porque aquí no se discute la validez del conflicto sino de qué manera se hace, de qué forma adquiere más consistencia, cómo provoca más adhesiones, al tiempo que elimina las bolsas de hostilidad de quienes están en medio, los usuarios, sin comerlo ni beberlo. La huelga virtual podría ser, en ese sentido, una buena señal de un avanzado proyecto de autorreforma del sindicalismo confederal que, al tiempo de defender sus intereses, choca lo menos posible con el inmenso conjunto de la ciudadanía.

22 de enero de 2004

El País

NUEVAS PREGUNTAS SOBRE EL TERRORISMO

José Luis López Bulla

Con toda seguridad el error de bulto más estridente de José María Aznar ha sido su concepción de cómo afrontar la lucha contra el terrorismo. Cuando repite ad nauseam que ´todos los terrorismos son iguales´ (visión que no ha corregido a estas alturas) no está capacitado para entender qué ha pasado en Madrid. Porque lo sucedido en esa ciudad hermana suscita una serie de preguntas, absolutamente nuevas, que abren una nueva fase en la vida ciudadana. Esto es, ¿la próxima vez en qué ciudad europea? ¿será en un campo de fútbol, en un hospital, en qué sé yo dónde? Que más que el lógico miedo provoca una terrible angustia colectiva, y como es sabido de sobras una cosa es el miedo y otra es la angustia. Desde luego, los atentados de ETA no eliminan tales temores en la gente, pero el terror (en el sentido etimológico de la palabra) en Madrid ha tenido otra dimensión. Porque de ETA conocemos sus objetivos y, relativamente, sabemos quiénes son y dónde están; pero ¿qué advertimos de los Idus de este marzo madrileño? La pregunta es: ¿qué quiere exactamente Al Qeda? Digo que sabemos dónde está ETA, pero Al Qeda no está en ningún lugar y se encuentra en todos los sitios. De ETA sabemos defendernos aproximadamente (con independencia del debate sobre las formas para eliminarla), pero ¿de qué manera nos protegemos de un enemigo invisible? ¿cómo sentirnos seguros, pues, ante una amenaza oculta e imprevisible? Demasiados interrogantes que ponen descarnadamente que el terror de este marzo madrileño tiene un carácter ontológico profundamente diverso del etarra, que no se ha querido ver intencionadamente. Esconder estas diferencias a la ciudadanía es un error garrafal, y no tiene nombre empeñarse en ello. A mi juicio aclarar estas cuestiones es una deuda que se tiene con las víctimas y sus familiares.

Es muy abrupto lo que diré a continuación, pero me creo en la obligación moral de dejarlo sentado. Primero, no parece que el presidente norteamericano tenga la intención de corregir su opinión sobre estas cuestiones, de manera que a corto plazo la lucha contra el terrorismo desterritorializado, que impondrá su Administración, adolecerá de claro entendimiento de tan terrible fenómeno; de ahí que la ciudadanía europea deba encontrar las formas de convencer a la sociedad norteamericana de la necesidad de desalojar a los actuales inquilinos de la Casa Blanca en las próximas elecciones: no se puede ser indiferente o extraño a lo que ocurra en los Estados Unidos. Segundo, por otra parte, a determinados reyezuelos y gobiernos de Oriente Medio no les va nada mal que el conflicto que podrían tener en sus países se desplace a Occidente, incluso con el elevadísimo precio de tanta sangre derramada; que la llamada razón de Estado no diga estas cosas, no empece que formen parte de una realidad tremendamente dramática. Así pues, es mala cosa que se reincida en la tan inútil como contraproducente formulación de que todos los terrorismos son iguales porque el precio que seguiremos pagando continuará siendo muy elevado.

El primer esfuerzo político del equipo de Rodríguez Zapatero está en diseñar una acción clara contra todas las diversidades del terrorismo. Es más, puede que esto sea una parte de la exigencia de la ampliación del apoyo electoral que ha recibido el partido socialista. Lo que indicaría, de ser así, que la derecha ha fracasado estrepitosamente en lo que se creía que era su principal arma, a saber, la gestión del binomio libertad y seguridad: un aspecto que no puede olvidar, de ninguna de las maneras, el próximo gobierno. La razón es clara: los gobiernos tienen una tendencia casi natural a soluciones ramplonas, y la tentación a las conductas simplistas es bastante golosa. Pero lo acaecido en Madrid es tan fuerte que exige una discontinuidad en el entendimiento y en algunos de los instrumentos necesarios para seguir combatiendo sin desesperanza todos los terrorismos. Por ejemplo, la política debería recabar la participación de la comunidad científica que, hasta la presente, no ha sido escuchada suficientemente. La cuestión es situarse en la buena vía.

29 de Marzo de 2004

La industria ferroviaria catalana un vector tecnológico de punta

José Luis López Bulla

LA ACTUALIDAD DE LA TASA TOBIN

José Luis López Bulla

De la misma manera que algunos conciertos musicales llevan por título Variaciones sobre un tema de…, se podría hablar de variaciones sobre el tema de la tasa Tobin. Después de Francia (año 2002), Bélgica ha aprobado el pasado primero de Julio unas variaciones sobre dicha cuestión. Ahora, en el Parlamento italiano se está discutiendo en comisión la posibilidad de aprobar otras variaciones sobre la tan mentada tasa, después de que un buen grupo de asociaciones (Attac entre ellas) recogieran firmas y plantearan la iniciativa popular para legislar. El caso belga tiene su interés porque el partido democristiano estaba de acuerdo y una buena parte de los liberales --el presidente del gobierno forma parte de esta corriente-- apoyaba la tasa.

El hecho es que, hablando con importantes industriales y mánagers, consideran razonable este gravamen; afirman, además, que es un porcentaje modestísimo. La sabemos, un 0,0l por ciento sobre las especulaciones financieras. Los únicos inconvenientes que otros ven es la función de control de la economía que, hoy por hoy, parece un caballo desbocado: algo que ha puesto muy al desnudo un reciente libro de Jacques Sapir, Economistas contra la democracia (Ediciones B, 2004), con una versión castellana excelente a cargo de Francisco Rodríguez de Lecea. Pues bien, ahí está el detalle: ¿debe la política seguir manteniendo su des-responsabilización, su indolencia en mirar para otro lado, su falta de control sobre las turbulencias financieras? El gobierno belga que no es precisamente sospechoso de extremismo indica en cierta medida el camino. Y tal vez, franceses y belgas pensaron que no necesariamente debían esperar a que la Unión Europea se metiera en harina, así es que tiraron muy atinadamente por la calle de en medio. La construcción europea también tiene esas cosas, no es preciso esperar que todo el mundo se ponga de acuerdo para proceder a medidas parciales, esto es, en cada país.

Pero las experiencias francesa, belga e italiana tienen una explicación añadida: fueron las asociaciones quienes de manera transversal se pusieron manos a la obra mediante una prédica paciente y rigurosa hacia la opinión pública. De donde se infiere que una parte (y no irrelevante) de que el asunto esté funcionando se debe a los misioneros urbanos de Attac y otras entidades cívicas que, con punto de vista fundamentado, involucraron a centenares de miles de personas. Así las cosas, el ejemplo es claro: surge desde la calzada la presión democrática, influye en los parlamentos e instituciones y James Tobin, desde los firmamentos, observa que su planteamiento va calando en este mundo terrenal. ¿Tobin un extremista? Nada de eso: fue todo un consejero del presidente Kennedy y Premio Nobel de Economía, lo que se dice un hombre de orden.

Pues bien, la calzada democrática de nuestro país (que ha dejado oír su voz en grandes solemnidades) debería volver a la carga con el planteamiento de la tasa. Ahora con más posibilidades tras la decisión belga; ahora con más entusiasmo tras conocer que el parlamento italiano (a pesar de la intransigencia del dimisionario Tremonti contra la tasa) está debatiendo el asunto. No se trata de poner a prueba a ninguna institución: simplemente ponerse otra vez a predicar por la democratización de importantes parcelas de la economía, establecer un poco de orden en los torbellinos de ciertos capitales y hacer ver a la política que debe ejercer plenamente como tal. Porque el asunto sería un tanto gracioso: al lado de Berlusconi se debate la tasa Tobin (me imagino que con grandes retortijones en el estómago del Cavaliere) y en nuestra casa, siguiendo el símil cuartelario, todos en su lugar descansen.

Sea como fuere, tampoco es aventurado pensar que, tarde o temprano, alguien (o algunos) se pondrán manos a la obra. El asunto es que no veo la razón de dejar para mañana las cosas que se pueden hacer hoy. Especialmente si son urgentes y necesarias, razonables y factibles.

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José Luis López Bulla es miembro del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

El País Catalunya (2004)

EUROPA, BUSH Y LOS SINDICATOS

José Luis López Bulla / Carles Navales

El siempre crítico Herbert Marcuse decía que el Estado de bienestar es un estadio intermedio entre el capitalismo y el socialismo. Para el herético Karl Polanyi se trata de la esfera que contiene y marca los límites del nivel de redistribución que la sociedad está dispuesta a concederse. Ni lo uno ni lo otro para los neoconservadores. Los “neocons” afirman que es algo económicamente insostenible: un lastre a soltar cuanto antes mejor para convertir en gasto militar lo que el Estado de bienestar cuesta.

Si es cierto que lo que pasa en EE.UU. acaba contagiando al resto del mundo, pintan bastos para la vieja Europa. El triunfo de George Bush ha sido rotundo, y no se trata solamente de un éxito electoral. Conseguir unir lo más arcaico de la América más profunda a las galácticas propuestas neoconservadoras es una victoria cultural en toda regla. La premodernidad cogida de la mano de una postmodernidad de la que sólo sabemos que basa el futuro en la seguridad militar y que pretende forjar un nuevo imperio. Los EE.UU. de la modernidad están en el vacío, aunque los demócratas hayan alcanzado casi la mitad del voto. Robert Reich, ministro de trabajo con Bill Clinton, lo define como la vuelta de la derecha radical en respuesta a la ansiedad popular respecto al mundo moderno, sentimiento que los republicanos han sabido explotar denunciando hasta la saciedad temas como el aborto y la homosexualidad y, a la vez, exaltando la necesidad de la autodefensa mediante valores como el armamento, la fe y el patriotismo. Algo parecido sucedió en Francia. Mientras la coalición de izquierdas se afanaba en construir la síntesis de todos los marxismos que en ella convivían, una gran parte de la sociedad trabajadora renunciaba a que los movimientos sociales tradicionales continuaran defendiendo sus intereses y delegaban a la estructura ideológica lepeniana la seguridad de su futuro personal y colectivo. Una superestructura ideológica integrista desplazaba a la infraestructura social del siglo XX.

Rodeada de un mundo en el que triunfa el neoconservadurismo, la pobreza y la desregulación, el Estado de bienestar europeo se ha convertido en una isla atizada por fuertes oleajes. ¿Aguantaremos la tempestad?

Es en este contexto que urge más que nunca construir una identidad europea en lo político, lo social y lo cultural, elementos indispensables para tener autonomía y voz propia. Y en el recorrido la próxima estación es el sí a la propuesta de Constitución europea. Y decimos el sí, porque aún nadie ha sostenido argumentos de peso para convencernos de que el no es el instrumento que nos permitirá dar un paso de gigante; ni siquiera de tortuga. Quizá sea ese el principal motivo que ha impulsado a CCOO y UGT, los dos grandes sindicatos catalanes, a encabezar la defensa del voto afirmativo.

Dos pasos adelante y uno atrás

El talante de los grandes sindicatos siempre ha sido reformista. Para el comunista Lenin era aquello de dos pasos adelante y uno atrás, y, para el sindicalista socialdemócrata Vittorio Foa, pequeños avances, si se miden en cortos períodos de tiempo, pero que sumados y medidos en períodos largos, son grandes avances. Como ejemplo, constatar que a principios del siglo XX, en las minas, el campo, y bastante en la industria, se empezaba a trabajar entre los cuatro y los seis años y la media de vida era de treinta en los trabajos duros. Ahora es de setenta y nadie empieza a trabajar sin ser mayor de edad y haber tenido una educación básica gratuita y obligatoria. Y podríamos seguir.

Además, en Catalunya se da otra coincidencia entre los defensores del sí: tanto UGT y CC.OO., como también PSC y UDC, forman parte de agrupaciones transnacionales, sea la Internacional socialista, la demócrata-cristiana o la Confederación Europea de Sindicatos. Podríamos decir que para ellos el europeísmo tiene carácter genético. En cambio, con los defensores del no sucede lo contrario: son organizaciones que empiezan y acaban en Catalunya y sus relaciones con otros partidos y grupos parlamentarios europeos son de carácter diplomático; podría decirse que en su genética Europa todavía es “el extranjero”. Quizá sean estos elementos determinantes para los unos y los otros.

Si medimos con la vara del reformismo sindical el proceso de construcción europea, veremos que son muchos pequeños avances que, sumados, dan por resultado un avance importante: en 1951 Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Alemania y los Países Bajos constituyen la CECA (Confederación Europea del Carbón y de Acero), después viene el Mercado Común y el Tratado de Roma, más tarde Maastricht, sigue el euro, a continuación el Tratado de Niza, y ahora la Constitución europea. De unos pocos países en torno al mercado del carbón y del acero con unos EE.UU. liderando la reconstrucción de la Europa derruida por la guerra, a la Unión Europea de hoy, que cada vez habla más desde su independencia y unión.

La Constitución es poco y también es mucho, pues nos confirma en la ruta de la modernidad democrática: la sustitución de la superstición por la razón, la separación de la Iglesia del Estado, y el respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El ciudadano de la Constitución europea será titular de los derechos a la seguridad jurídica o Estado de Derecho; la promoción social o Estado de bienestar; y a la participación política a través de las instituciones. Son los tres pilares de la ciudadanía europea, que la Constitución aplica en todo su ámbito geográfico; además, su aceptación será cuestión previa para los países que en el futuro se incorporen, como puede suceder con Turquía, Marruecos y otros. ¿Se imaginan que bien nos habría ido a los demócratas que hubiera existido esta Constitución Europea cuando nos tocó hacer la nuestra?

Y, después del sí, a profundizar en ella. Serán muchas las paradas que hacer en un camino que se adivina largo y tortuoso y en el que, como siempre, esa vieja dama, de nombre Correlación de Fuerzas, tendrá la última palabra.

_________________________

José Luis López Bulla.
Secretario general de CC.OO. de Catalunya de 1976 a 1995.

Carles Navales.
Director de la revista “La Factoría”.

Artículo publicado en el diario “El País” el 23 de noviembre de 2004.

La industria ferroviaria catalana un vector tecnológico de punta

El gobierno catalán ha remarcado en diversas ocasiones como una de sus prioridades políticas en el terreno industrial y tecnológico el desarrollo de la industria aeronáutica. Permítaseme, desde mi actitud de afecto político al gobierno catalán, que apunte algunas reflexiones al respecto.

Con datos basados en fuentes del sector, Catalunya concentraba en el 2003 una facturación del 3,3% y un empleo del 2,8%, del global español. Por el contrario Madrid, País Vasco y Andalucía concentran el 90% del empleo y de los ingresos. Al margen de las aportaciones tecnológicas que Catalunya pueda aportar a la industria aeronáutica española, el liderazgo de los grandes proyectos como el A380 (el avión comercial más grande del mundo), el A400M (avión de transporte militar europeo), el caza bombardero “Eurofighter”, se concentra fundamentalmente en Getafe (Madrid), Puerto Real y San Pablo (Sevilla) en Andalucía.

Por el contrario existe una industria ferroviaria, considerada como el “segundo vector tecnológico europeo”, que tiene una gran importancia tanto manufacturera, económica y tecnológica en Catalunya. La industria ferroviaria catalana, concentra más de un 40% de la producción y el empleo del global español y tiene además no solo unas raíces centenarias, sino que goza de una importante capacidad tecnológica propia y proyección internacional.

El ferrocarril significa modernidad y liderazgo tecnológico para la industria europea, y es un claro referente del modelo de desarrollo europeo basado en la cohesión social, la calidad de vida de sus ciudadanos, la eficiencia energética, la defensa del medio ambiente, la seguridad vial y la sostenibilidad, entendida esta como la inaceptabilidad del crecimiento a cualquier precio. Con la construcción de una red europea de transporte ferroviario, estamos construyendo. En definitiva, más y mejor Europa.

Además la tecnología ferroviaria ha potenciado el desarrollo de determinadas “tecnologías claves”. La tecnología de los materiales , los diseños avanzados en la arquitectura del vehículo (aerodinámica ferroviaria, la aplicación de criterios biomecánicos a la seguridad), la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) , al desarrollo de sistemas de señalización y comunicación como sería el ERTMS (European Rail Traffic Management System), y a los sistemas embarcados de diagnóstico y control inteligente vía-tren (Center Traffic Control/CTC), el desarrollo de tecnologías avanzadas para la automatización y robotización en los procesos de fabricación, las nuevas tecnologías aplicadas a las mejora de la fiabilidad, disponibilidad y mantenimiento del material (Reliability Availability Maintenance System) , que permiten a partir del “retorno de la experiencia”, activar procesos de reingeniería del vehículo.

Ciertamente y ésta es la tesis central de mi exposición, la industria ferroviaria (vector tecnológico de primer nivel en la economía global), tuvo y tiene una importante presencia en Catalunya: la primera línea del ferrocarril peninsular de Barcelona-Mataró en 1848, la fundación de lasa centenarias compañías la Maquinista Terrestre y Marítima S.A. y Material y Construcciones S.A. creadas en 1855 y 1857 respectivamente, que tienen su continuidad en la Alstom Transporte S.A. heredera de la tradición industrial y tecnológica de las anteriores. Desde las famosas locomotoras de vapor Santa Fe y Confederación, diseñadas, desarrolladas y fabricadas con tecnología propia, durante el siglo pasado, hasta los actuales trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Sevilla (de altas prestaciones tecnológicas), los trenes de cercanías CIVIA, los tranvías CITADIS, los trenes lanzaderas, los coches “inteligentes” totalmente automatizados de la línea 9 del metro de Barcelona por citar los más significativos del mercado estatal , o los desarrollos para el metro de Washington, el “Jubilee Line” del metro de Londres, el “Metrópolis” para el metro de Shangai,.., son la prueba evidente que Catalunya tiene una industria ferroviaria que se inscribe en eso que hemos llamado “el segundo vector tecnológico europeo”.

Los datos mandan: tenemos “grosso modo”, casi la mitad de la industria ferroviaria española concentrada en Catalunya y una relevante parte de su producción en “alta tecnología” que abastece la red de alta velocidad española, que con sus 915 kms. representan casi el 30% de toda la red europea de AV.

Queda claro a estas alturas de la reflexión, las ventajas de apostar en Catalunya por la dinamización de una política industrial y tecnológica en sectores industriales con fuerte implantación en el territorio, con potencial innovador y con capacidad de difusión en el tejido tecnológico del mismo, como sería la industria ferroviaria, que “provocar” prioridades, en un sector como el aeronáutico ya consolidado en otros lugares de Estado, sobre todo si partimos de unos estándares tan endebles.

José Luis López Bulla

El País Catalunya, 31 de mayo de 2005

LAS FIESTAS MUSULMANAS Y EL CALENDARIO LABORAL

José Luis López Bulla

La Fiesta musulmana del Cordero, celebrada hace poco en Manlleu, ha sido un acontecimiento de gran relevancia, tanto por su carácter público como por la cantidad de personas que participaron (más de mil doscientas) que se dieron cita en un día laborable. No hace falta ser muy perspicaz para establecer una primera hipótesis: el próximo año será mucho más numerosa. Un destacado representante de ese colectivo, Mohamed Azuzi, declaró posteriormente: “Los musulmanes sólo tenemos dos grandes celebraciones en el calendario islámico: el día del Sacrificio y el fin del Ramadán. Por tanto, no sería difícil incluirlos en el calendario laboral”. No tardó en tomar la palabra un dirigente empresarial de la comarca de Osona quien, grosso modo, afirmó que a quienes no les guste el calendario laboral español deben hacer las maletas e irse a su país o bien buscarse una empresa que no trabaje esos días: una tosca propuesta, aunque desgraciadamente puede tener un amplio apoyo.

Cierto, no son fáciles las salidas. Pero es necesario pensar a fondo las cosas, pues con toda probabilidad dichos aspectos del culto musulmán se repetirán, probablemente con mayor seguimiento, en tiempos venideros. Y no es fácil porque, entre otras cosas, no es posible que cada subjetividad religiosa o cultural disponga de su particular calendario laboral. Sin embargo, hay salidas a este reto. Siempre y cuando se produzcan, como mínimo, dos elementos: 1) una generalización de los horarios flexibles y 2) una concepción laica del calendario laboral. Pero antes de entrar a fondo en el tema, considero necesario recordar que las relaciones laborales españolas, aunque con ciertas interferencias, han avanzado no poco en su caracterización laica. Dos ejemplos: ya no queda vestigio alguno del descanso-oración de la hora del Ángelus, ni de las fiestas del patrón del gremio, y la puesta en funcionamiento de los “terceros turnos” en la industria acabó con el no trabajar el día “sagrado” del domingo; no obstante, se mantienen las interferencias del Concordato entre el Estado español y el Estado Vaticano en determinadas fiestas religiosas españolas, de ello se hablará más adelante.

Volviendo al fondo de la cuestión: un calendario laboral unitario –es decir, donde las diversas subjetividades religiosas y culturales encuentren un razonable acomodo-- es posible hoy, dado que la lógica del trabajo ya no es fordista y también porque la innovación tecnológica permite una gestión flexible del tiempo. Más todavía, desde dicha flexibilidad pactada, se pueden establecer reglas compositivas de los distintos intereses de unas y otras subjetividades: piénsese, por ejemplo, en la cuestión relativa a las discriminaciones indirectas por razón de género en la negociación colectiva. En resumidas cuentas, desde esa nueva manera de razonar se garantiza: 1) el menor conflicto posible entre unos y otros colectivos de trabajadores entre sí, y 2) entre ellos y el dador de trabajo. La lógica es, pues, laica. Lo que no impide que cada cual le da a su tiempo libre el significado religioso o cultural que estime pertinente.

Ahora bien, como se decía anteriormente, nuestro sistema de relaciones laborales tiene algunas interferencias religiosas que tienen su origen en el Concordato con el Vaticano: se trata de una anomalía en los países de la Unión Europea. Dicho protocolo debe ser archivado a la mayor brevedad posible pues, en los tiempos que corren, no tiene el menor sentido. Y, por otra parte, tales festividades podrían ser celebradas por quienes lo quisieran en el marco de la flexibilidad horaria que se ha indicado más arriba.

El País-Catalunya, 18.01.06)

LOS CONFLICTOS EN LA SANIDAD PÚBLICA

José Luis López Bulla

El reciente conflicto en la sanidad catalana es, ante todo, el evidente paradigma de una confusión que estaba cantada. Pero, realmente poco hay de nuevo el sol, si no fuera porque en esta ocasión el enfrentamiento entre las categorías profesionales está al rojo vivo. De un lado, el personal médico. De otro lado, el resto de los asalariados; pero aquí, en ese “resto”, también se cuecen sus propias habas: por ejemplo, la organización federativa de Comisiones Obreras impugna ante los tribunales el acuerdo que en su día llegaron la dirección del Hospital de Sant Pau y la Asociación profesional de enfermería. En otras palabras: casi todos contra casi todos en una lucha hobbesiana cuya solución se intuye bastante complicada. Lo es porque los conflictos están separados entre sí, y todos ellos parecen estar al margen de la problemática general de la sanidad pública. En resumidas cuentas, se trata de un cuadro que no está gestionado adecuadamente por la Consejera Marina Geli. Lo peor, de todas formas, es que para hoy y mañana el colectivo médico anuncia huelgas. La novedad, en todo caso, es que los sindicatos confederales han desconvocado las acciones para estos mismos días después de negociar con sensatez y conseguir que la solución global deberá darse en el marco de la unidad contractual de todas las categorías, incluidos los médicos. Lo que es positivo y un primer elemento de aclaración.

El gran disparate de toda esta historia radica en que el colectivo médico aspira, en el fondo, a tener un convenio colectivo propio. Con la ley en la mano es sencillamente imposible, y lo saben. De manera que podemos presumir que lo que realmente se busca es otra cosa: tal vez que el régimen de incompatibilidades sea más blando. Si esto es así, más vale que se sitúe con claridad para que todo el mundo sepa a qué atenerse. Porque la falta de credibilidad de los actuales planteamientos del colectivo médico no ayuda a la solución de un problema que, ya de por sí, es complicado. Y, más todavía, tal como están las cosas, la huelga de estos días se hace objetivamente contra el resto de los profesionales de la sanidad.

Desgraciadamente, ahora mismo no parece que haya capacidad institucional para mediar en el conflicto. De ahí que una propuesta excepcional sea que una auctoritas de la sociedad civil con suficiente prestigio entre las partes intente abrir un proceso de interlocución; es la figura que el viejo lenguaje definía como hombre bueno. Daré dos nombres indicativos, suficientemente conocidos: Francesc Casares y Xavier Crespán. Que nunca rechazaron un desafío en bien de la comunidad. O uno u otro (o los dos en santa compañía) pueden, desde la sociedad civil, mediar entre las partes con probada sabiduría. Más todavía, ambos gozan de la suficiente credibilidad, por su imparcialidad e independencia.

La segunda cuestión es no menos peliaguda: de qué manera reagrupar en un proyecto común, respetando las diversidades, todas las categorías profesionales de la sanidad. Esto es, generar un paradigma que englobe la llamada élite con las categorías más modestas, partiendo de una constatación: los enfrentamientos corporativos, sumergidos o en la superficie, interfieren poderosamente el buen funcionamiento de los sistemas públicos de salud. Así las cosas, no estaría de más que todos los sindicatos (confederales y sectoriales) debatan conjuntamente qué hacer. El pragmatismo les diría, si hablan con sentido común, que las prácticas hobessianas les destrozarían a todos y cada uno de ellos, al tiempo que degradarían la sanidad pública. Al fin y al cabo, ya nos enseñó Platón que el objetivo de la medicina no eran sus profesionales sino los enfermos; al menos eso es lo que dice en el Gorgias.

(El País-Cataluña, 26.04.06)

EON, ALSTOM Y CALZONCILLOS PEREZ

José Luis López Bulla / Carles Navales

Nos hablaba Olof Palme en su testamento político -refiriéndose a la teoría de los ciclos políticos del historiador norteamericano Arthur M. Schlesinger- de la ley pendular, según la cual a un ciclo conservador le sigue un ciclo progresista y viceversa, y, en el paso del uno al otro, nos decía que va quedando un poso de valores positivos que va acumulándose muy lentamente.

El largo proceso de unidad europea quizá sea uno de los ejemplos más visibles al respecto. Basta ver su largo itinerario constituyente aún no acabado, que comienza en 1951, cuando Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Alemania y los Países Bajos constituyen la CECA (Confederación Europea del Carbón y de Acero) hasta llegar al penúltimo peldaño con el proyecto de Constitución europea, aún en ciernes, pero que ha hecho aflorar enormes contradicciones entre las distintas voluntades europeístas, dando como vector la parálisis de la evolución institucional de una Europa que continúa batiéndose entre el nacionalismo y la modernidad, sin que se atreva a dar el paso definitivo hacia su unidad institucional.

Si añadimos que, en el plano económico, el sudeste asiático con China a la cabeza, está desembarcando en nuestro continente con el propósito de hacerse con buena parte del mercado, la conclusión es obvia: Europa debe protegerse de Asia. Y si las transnacionales de los países europeos pugnan por hacerse con los mercados de otros países continentales, también esos países deberán protegerse entretanto Europa no sea una realidad política acabada; hasta que el péndulo haya dejado suficiente poso para que las instituciones de la Unión sean tan sólidas como lo son las de sus estados.

El francés Michel Rocard decía hace unos días, a propósito de los intentos extracomunitarios para hacerse con empresas francesas, que el sistema es mundial y se transmite a través de las OPA siendo una cuestión de supervivencia conseguir que la Unión europea prohíba OPA alguna sobre su territorio a cualquier grupo cuyo capital extracomunitario supere el veinte por ciento. Simultáneamente, hemos visto cómo Francia se comportó, por citar un caso, en torno a ALSTOM hace año y medio. En aquella ocasión tanto el presidente Jacques Chirac y toda la clase política francesa removieron tierra, mar y aire para defender los intereses nacionales frente a los alemanes de Siemens, envite en el que les acompañó el mundo empresarial galo, con BNP, Paribas, Societé General-Crédit Agricole y Crédit Lyonnais al frente, para conseguir que “su” ALSTOM no tuviera problemas de liquidez y Siemens se quedara donde estaba.

Y es que sin reciprocidad política difícilmente puede país alguno confiarse a la reciprocidad de mercado. O, dicho de otra manera, con una Unión europea construida a medias es un riesgo de enormes proporciones echarse a los brazos de las reglas de un mercado sin reglas: si Eón puede entrar en España, Gas Natural o Calzoncillos Pérez debería poder hacerlo en Alemania, y eso hoy es imposible por el lógico proteccionismo que cada país defiende para sí en esta Europa inconclusa.

Es por ello que los últimos movimientos económicos europeos (Eón–Endesa y otros no menos importantes) merecen, sin lugar a dudas, una primera reflexión que, para mayor provecho, intenta alejarse del bronco chillerío político que, desde la oposición política española, tiene todas las trazas de no entrar en el fondo de la cuestión.

Nuestra primera consideración, ya apuntada, parte de un hecho innegable: la borrasca económica se está dando en un contexto temporal que coincide con la crisis política que todavía tiene la Unión europea. Y nuestra primera (y provisional) conclusión, ya perfilada también, es que mientras dure esta crisis política parece muy complicado que se pueda moderar el temporal económico. O, lo que es lo mismo: a más déficit institucional europeo, más vendavales económicos sin reglas de ningún tipo. Y, en fin, mientras se siga deshilvanando el carácter de sujeto político europeo, los movimientos de re-nacionalismo parecen cantados. Ahora bien, comoquiera que partimos de la base de que el potente litigio entre Eón y Endesa está siendo gestionado razonablemente bien por el presidente Rodríguez Zapatero y el ministro Montilla, nosotros nos orientamos a una reflexión, si se nos permite, de largo recorrido.

Nos parece que es inaplazable una discusión capaz de reorientar el proyecto político europeo con esta característica: consideramos mejor ir a un trote seguro que cabalgar vertiginosamente sin controlar las bridas de la yegua. Es sabido y dicho, en el argot sindical, que el progreso avanza en zig-zag. Y en lo referente al asunto que estamos tratando, pensamos que en dicho trote hay una asignatura pendiente: no es razonable que existan corporaciones que tengan patente de corso (como indica el caso Eón, protegida por la legislación y las decisiones administrativas de Alemania) y otras, a quienes se les exige un absoluto respeto a las normas del mercado. Esta ley del embudo parece decir que la bulimia de unos se apoya en la exigencia de anorexia para otros. Y decimos más: al igual que la fatigosa construcción política europea está llena de sus lógicos contrapesos, al diseño genérico de la economía europea le conviene, igualmente, sus propios contrapesos. No se trata, de ninguna de las maneras, de volver a los viejos proteccionismos ya superados, pero sí se trata de establecer unas reglas compartidas: por modestas que fueran siempre serán más convenientes que la anomia económica y la relación entre bulimia y anorexia. Castizamente hablando: el más modesto código de circulación es más razonable que su inexistencia. Y es que el péndulo aún no se ha detenido en su centro.

José Luis López Bulla es Experto del CTESC

Carles Navales es Carles Navales es director de “La Factoría” >www.lafactoriaweb.com<

¿ES POSIBLE LA CONCERTACIÓN SOCIAL EUROPEA?

(Atención: un amigo de Parapanda nos ha rogado insistentemente que publiquemos estas reflexiones personales. Se trata del amigo Antonio Colchonero, publicista local)

Antonio Colchonero

1.-- Las grandes y veloces transformaciones que se están dando en Europa (también en el mundo) nos plantean la posibilidad de la concertación social en esos grandes espacios. A continuación, parece razonable que nos preguntemos en qué condiciones es posible dicha concertación en el actual cuadro de la economía europea y, de manera más ambiciosa, en esta era de la interdependencia global. Para ello creo oportuno --antes de entrar en la materia-- echarle un vistazo a algunas de las experiencias más llamativas de la segunda mitad del siglo pasado; concretamente a las que puedan ayudarnos a entender en qué contexto se presume que van a ir las cosas. Así pues, veamos qué rasgos esenciales ha tenido la concertación en Europa (haremos una breve reseña de los Estados Unidos) en los últimos cincuenta años.Lo primero: si bien los modelos de concertación han sido muy diferentes de un país a otro, existen unos presupuestos que son comunes. Estos presupuestos partían, en principio, de la siguiente concepción de la política: un terreno de mediación entre exigencias, intereses y aspiraciones de uno u otro signo. Es, ciertamente, una idea que hace del consenso entre las partes en litigio un factor esencial del proceso político, que no es un obstáculo para la gobernabilidad. Esta idea tiene sólidas raíces; además, no está sujeta a los cambios del viento político y de las mayorías electorales: el caso español, por ejemplo, también lo evidencia pues la concertación se ha dado tanto con gobiernos del Psoe como del Pp, lo que indicaría una práctica “laica” de, por lo menos, el sindicalismo confederal; a saber, hay que negociar con los poderes públicos con independencia de si son de un color o de otro.

Sigue en:
http://ferinohizla.blogspot.com/2006/10/es-posible-la-concertacion-social.html

Por otra parte, si el estudioso quiere tener un conocimiento pormenorizado de cómo están las cosas en cada país, no tiene más que consultar el importante trabajo de Javier Doz en:
http://www.fundacionsindicaldeestudios.org/artavan-bin/QuorumEC/init

LA SOLIDARIDAD EN LOS HECHOS CONCRETOS

La General Motors ha hecho público que levanta su factoría de Azambuja (Portugal) y la traslada a España. Las paradojas de estas situaciones están en que, simultáneamente, pueden darse estas situaciones: dolor en Portugal y alivio en la localidad zaragozana de Figueruelas. Lo que parece normal desde el punto de vista humano. Pero la reacción sindical debe ser otra. Y así es: la Federación minerometalúrgica de Comisiones Obreras ha reaccionado con un gran coraje, con una magnífica lucidez. Ha denunciado a GM. Y de manera rotumda explica que se está quebrando el espíritu esbozado en la reunión de miembros del Comité Europeo de GM, junto con representantes sindicales pertenecientes a la Federación de Metalúrgicos Europeos celebrada el pasado 3 de julio de 2006 en Bruselas.


En la citada reunión se acordó iniciar un periodo de negociación con la dirección de la empresa para establecer el proceso que clarificara el futuro de la planta portuguesa. Como muestra de este compromiso los sindicatos suspendimos la continuación de movilizaciones iniciadas en semanas anteriores. CC.OO. entiende que la empresa se equivoca, ya que desaprovecha una oportunidad para solventar un conflicto pacíficamente y, además, sostiene que no actúa de buena fe al comunicar el cierre justo al inicio de las vacaciones de la mayoría de las plantas europeas.


Entiendo que estamos ante un inicio que rompe algunos equívocos sindicales: denunciar la deslocalización del propio tejido industrial y hacerse el longuis cuando te llega alguna empresa que ha deslocalizado su producción en otro punto cardinal. Los metalúrgicos de Comisiones Obreras están abriendo la posibilidad de nuevas reflexiones al respecto. De momento, desde este pueblecito de Parapanda (muy cerca de Santa Fe) nos quitamos el sombrero y aplaudimos la postura de la Federación que lidera Felipe López.
Publicado por Pepe Luis López Bulla en 10:01
1 comentarios:

Anselmo Lorenzo dijo...

Un buen ejemplo, afortunadamente, no el único, que indica que el sindicalismo europeo puede enfrentar las estrategias de las empresas multinacionales sin interiorizar dinámicas de competencia entre los distintos sindicatos nacionales. A finales del pasado año, la empresa química LANSEX, con plantas en Italia y Tarragona, intento presionar a la baja en las condiciones de trabajo de ambas factorias, chantajeando con el destino de una nueva producción. Fiteqa-CC.OO. y Fia UGT, de común acuerdo con el sindicalismo italiano, reaccionaron con una iniciativa sindical de reparto de la nueva producción. Fue una buena operación para los sindicatos de ambos países