LOS SINDICATOS: ¿OTRA VEZ A LA GREÑA?
3/04/2003
José Luis López Bulla y Carles Navales Turmos
Las profundas transformaciones sociales de los últimos tiempos en el contexto de la crisis del antiguo modelo industrial (con la revolución informática y la extensión del trabajo flexible) plantean nuevos desafíos a la siempre necesaria tutela del trabajo y exigen una notable redefinición de los derechos sociales para responder adecuadamente a la generalizada tendencia de la precarización. Para intervenir en los procesos de innovación, con el objetivo de la cohesión social y la consolidación de los derechos, es hoy más necesario que nunca un sindicalismo confederal fuerte y unitario. Máxime cuando CC.OO. y UGT no son todavía suficientemente fuertes y, en estos momentos, vuelven a estar a la greña. Francamente, no creemos que esta división deba ser obligatoria. Más todavía, nos parece urgente que el sindicalismo confederal debe proponerse la iniciativa de recuperar la unidad de acción. La actual greña se traduce en un adelgazamiento de su capacidad de representar al conjunto asalariado y un debilitamiento de su propia fuerza. Sólo con una tenaz búsqueda unitaria, desde la diversidad de cada cual, pueden los sindicatos representar adecuadamente a los trabajadores en esta época de competencia global. Las (reales) diferencias de valoración y de propuestas sobre todo un mapa de problemas actuales no excluyen, en absoluto, la búsqueda de mediación y entendimiento. Porque, a fuer de sinceridad, habríamos de convenir en que la unidad se busca, mientras que la división se justifica. Afortunadamente, los sindicatos están en mejores condiciones que nunca para proponerse otra vez la exigida tensión unitaria porque han conseguido la plena independencia de análisis, criterios y propuestas; es decir, no hay correas de transmisión que les vengan desde tal o cual partido político. Esto es un avance significativo.
A nuestro juicio, hay dos problemas que deben afrontarse con el mayor corage intelectual: 1) la representación en el centro de trabajo y 2) la concertación social a todos los niveles. Nosotros nos preguntamos, mirando los toros desde el tendido, si no ha pasado ya la época de los comités de empresa: unos sujetos que no encajan ya en el mundo de la globalización y la interdependencia; y que son, además, una fuente de conflicto permanente por el poder (sólo simbólico) de ganar las “elecciones sindicales”. Desde luego una cosa parece evidente: desde esas estructuras no pueden abordarse las tutelas hacia el mundo del precariado y de la construcción de un Estado de bienestar a la altura de los tiempos que corren. La segunda cuestión es: o se aborda unitariamente la intervención sindical en el escenario tecnológico o empezará a crearse una situación de pérdida de control sobre unos cambios que no han hecho más que comenzar. Cuando hablamos de la tensión unitaria, no estamos haciendo un llamamiento “moralista”, porque no planteamos que nadie oscurezca su particular identidad. Hablamos de capacidad de mediación y síntesis, con sus correspondientes normas autorreguladas por los propios sindicatos a la hora de establecer las plataformas contractuales y las formas de ejercer el conflicto, en un intento de evitar al máximo los comportamientos (por parte de quien sea) de lo que se conoce como descuelgues. O lo que es lo mismo, se trata de poner en primer plano una mínima (aunque clara) pauta compartida de acción del sindicalismo confederal. Es una forma de actuar no válida sólo de manera espasmódica para unas determinadas grandes ocasiones, sino cotidianamente. Y sobre ello nos parece que son necesarias dos virtudes cardinales: audacia y paciencia. No hemos hablado de inteligencia porque unos y otros han demostrado que la tienen sobradamente, y saben que la fuerza colectiva de todo el sindicalismo confederal no se hace a costa de que una parte esté debilitada.
El País
El Estatuto y el derecho del trabajo
José Luis López Bulla es diputado por IC al Parlament de
director de La Factoría, y afiliado al PSC.
Es posible que, tras las elecciones autonómicas de otoño, cada fuerza política catalana ponga encima del tapete
su particular borrador de reforma del Estatuto de Autonomía. Si finalmente se opta por el deseable consenso, es
cosa que se irá viendo con el tiempo. Ahora bien, tan necesaria reforma arrastrará, lógicamente, una situación
parecida en determinadas comunidades autónomas, que no querrán ser menos. Es decir, se puede poner en
marcha una ebullición, que, si va acompañada de hechos participativos inteligentes, se convertirá en una situación
política de gran interés. O puede suceder también que, dada la estrategia de la tensión entre el centro y las
nacionalidades, que tan buenos dividendos está dando al Partido Popular, éste centrifugue el tema y el resultado
sea confirmar por mucho tiempo lo que ahora hay, que equivaldría a una involución, o sea, a la antítesis al
progreso que los reformadores buscamos.
Como quiera que todavía hay tiempo hasta que llegue dicho momento, quizás valga la pena empezar a darle
vueltas a la cabeza a tan significativa cuestión, y aunque el tema que trataremos es parcial, no por ello deja de ser
relevante: las cosas del Derecho laboral. Más todavía: estas notas no esconden que podrían servir de meditación
a la hora de configurar los definitivos programas electorales. También estas notas vienen a cuento porque hemos
vivido personalmente la presentación de demandas de colectivos sociales, que exigían una leyes catalanas sobre
determinadas materias laborales, en ocasiones con gran fundamento y en otras con menor justificación. Éste es
un tema al que somos sensibles, seguramente por nuestra trayectoria pública. Pero, sobre todo, porque el
Derecho laboral -una gran conquista de la civilización- ha dado históricamente la palabra a los trabajadores,
aunque, a decir verdad, también se la ha recortado.
La primera cosa que se nos ocurre es: si todos se ponen a reformar sus correspondientes estatutos -y no vemos
ninguna razón para contrariarles-, ¿habrá una generalizada demanda, que, en la práctica, implique el troceamiento
del Derecho laboral? Pongamos dos casos extremos: ¿se puede fragmentar la Seguridad Social y, o también, lo
relativo a la movilidad geográfica? Si se nos contesta que para ello hay que cambiar la Constitución española,
cosa que sabemos perfectamente, se entrará parcialmente en el tema. Porque entonces volveremos a la carga:
¿hay que cambiar la Constitución para trocear el Derecho laboral? Estamos hablando, ¡quede claro!, de los
aspectos legislativos químicamente puros, porque nada impide la transferencia de los instrumentos. Por ejemplo,
somos partidarios de la unicidad de la Seguridad Social y, simultáneamente, de la descentralización de su gestión.
La segunda cosa que pensamos es: nuestro (nuevo) Estatuto de Autonomía de Cataluña, con su ejemplo, puede
hacer avanzar en España un federalismo solidario, que, como tal, viene obligado a ser cooperante, o conducir a un
conjunto de retales en orden disperso. Es decir, se puede orientar hacia un Derecho laboral con razonables
diversidades o puede inducir a no sé cuántas apariencias de tutelas, estas últimas desagregadas las unas de las
otras. Lo primero es deseable y útil; lo segundo, un estropicio caballuno para la condición asalariada, los
pensionistas y los que buscan empleo, sea el primero o el enésimo. Así pues, nos preguntamos y, en especial,
interpelamos a la política, al sindicalismo confederal, a los empresarios y a los profesionales del Derecho laboral:
¿qué corresponde legislar desde la centralidad de las Cortes?, ¿qué puede ser materia compartida? y,
definitivamente, ¿qué legisla cada Comunidad Autónoma? Quien no tenga presentes estos asuntos a la hora de
redactar sus definitivas propuestas de reforma del Estatuto está dando, a muchas sabiendas, gato por liebre. Y
nosotros añadimos -gracias a nuestro olfato felino, que nos permite intuir las paradojas- que las comunidades
autónomas que sean partidarias de trocear el
Derecho social serán las más perjudicadas, algo que es sabido por trabajadores, empresarios y profesionales del
Derecho, aunque no estamos seguros de qué nivel de convencimiento al respecto tienen algunos sectores de la
vida política: desde los suficientemente informados a los generalmente indocumentados -si los hay-, pasando por
los que pueda haber del quiero y no puedo. Ni que decir tiene que pedimos disculpas si alguien piensa que somos
unos descarados, pero con alguna frecuencia las calendas electorales dan la impresión de un cierto desmadre en
lo que se promete, a veces incluso jugando con las cosas del comer.
La verdad es que no estamos excesivamente inquietos, porque somos conocedores de una instancia catalana
prestigiosa y que puede ponerse manos a la obra si es requerida para propiciar y sugerir razonadas propuestas:
es el Consejo Económico y Social, acompañado por buenos expertos en la materia. No decimos que sea el único
instituto propulsivo, pero ya sería un buen arranque que entrara en harina; saberes tiene y se supone que cuenta
con recursos. Lo que no agota el asunto, porque éste es un debate y un proyecto que afecta al común de los
mortales desde el cabo de Gata a Finisterre, de Roses a Ayamonte y desde los cántabros hasta las playas
tarifeñas.
Nosotros lo vemos así, alertados como estamos de la sarta de disparates que se están haciendo en Italia con la
llamada devolution, que no es otra cosa que la transferencia de importantes poderes desde el centro hasta la
nueva realidad de las regiones. Decimos disparates porque cabe la posibilidad en aquel país de que cada Región
legisle de forma diversa, y hasta contradictoria, sobre algo tan serio como el carácter del contrato de trabajo: una
lógica que conviene a los berluscones. De ahí que exclamemos: ni eso, ni Felipe Quinto.
26 de mayo de 2003
20-J: la huelga de los dignos
JOSÉ LUIS LÓPEZ BULLA Y CARLES NAVALES
EL PAÍS - Cataluña - 11-06-2002
Es ya un sobado tópico la afirmación de que el sindicalismo confederal sólo defiende a la categoría de los trabajadores instalados. Por mucho que se razone en contra, el mensaje sigue recorriendo los territorios mediáticos más diversos con las más diversas plumas que, aunque quincalla ideológica -o precisamente por ello-, intentan concretar un ánimo injuriante contra las organizaciones sindicales.
Y es que los datos prueban justamente lo contrario, y para muestra un botón: el conflicto del próximo 20 de junio es precisamente un gran gesto solidario del conjunto asalariado, con más poder contractual, hacia los sujetos más débiles del universo del trabajo. En efecto, los menos protegidos son los destinatarios de un abusivo decreto ley promulgado por un Gobierno que se erige simultáneamente en juez, fiscal y jurado.
Esta solidaridad pone en entredicho otra afirmación también un tanto gratuita, aquella que formulan ciertos analistas: cualquier solidaridad a la manera de antaño siempre es la mejor. Es una sociología de baratillo, a la que le cae la baba tras la lectura de los conflictos de un lejano ayer, pero que mira con suspicacia la confrontación de hogaño. Una situación que, por lo que sabemos, ocurre en cada época. A quienes así son, el gran Maimónides les dedicó su famosa Guía para perplejos.
La constatación cierta, por probada, puede convenirse en lo siguiente: las evidentes interferencias que el territorio posfordista genera en el ejercicio del hecho participativamente solidario son contestadas con el coraje moral del sindicalismo confederal, como lo prueba la convocatoria del 20 de junio. Tal contestación tiene una importancia de primer orden tanto para el carácter del sindicalismo como para la inmensa agrupación de agraviados por el decretazo: los más débiles y sus familias.
Así es que, mientras nos dedicamos a labores de fiel infantería en apoyo del 20-J, vamos dándole vueltas a la cabeza: ¿de qué modo el sindicalismo es un sujeto incluyente de los dos espacios sociales con menor representatividad y representación, cual son los sectores menos protegidos y aquellos segmentos de mayor especialización tecnológica? Porque se corre el riesgo de que la solidaridad esté siempre bajo las espaldas de ese colectivo intermedio, el que se encuentra entre los más bajos y los más altos del escalafón. Y mientras repartimos octavillas y enviamos e-mails de adhesión a la huelga general, nos estrujamos el cerebro: ¿qué hacer para que la solidaridad no sea solamente un coraje moral en las grandes solemnidades y forme parte de la cultura alternativa en este paradigma posfordista, lo cual tiene mucha miga? Porque el coraje moral es una condición casi suficiente, pero no lo es todo. En buena medida, transformarla en plenamente suficiente dependerá de que el sindicalismo avance en su proyecto de sujeto incluyente de todas aquellas categorías del escalafón de los asalariados, hoy receptoras de solidaridad.
Maimónides era cordobés; también Séneca. Éste dejó dicho: desde lejos no se pueden hacer determinados dictámenes. Es al sindicalismo confederal al que le compete seguir haciendo tan complicados juicios, aunque ahora el esfuerzo está en transformar la hipótesis del conflicto para convertirla en certeza.
Cuentan, además, con involuntarios ayudantes: los púlpitos gubernamentales, que nunca supieron que la división acorazada contra el 14 de diciembre de 1988 cada vez que hablaba hacía subir el precio del pan. Fue cuando el tiempo se paró 'para no infundir sospechas'. Era necesaria esta alusión a García Lorca; no sea cosa que se enfaden en la vega de Granada, con tanto cordobés por medio. También allí se hará la huelga de los dignos.
Este verano sangriento
JOSÉ LUIS LÓPEZ BULLA / CARLES NAVALES
Los accidentes mortales han sido la pesadilla de los meses de julio y agosto. Aparentemente se tenía la impresión de que se sufría una maldición bíblica, sembrando dolor y luto en no pocas familias. Pero nada más contrario a causas sobrenaturales; tan sangriento azote es el resultado de una serie de causas que el empresariado y los poderes públicos no quieren ver de ninguna manera; pero las medidas de siempre se han caracterizado por ser disposiciones burocráticas que, como es natural, todavía no han dado resultado alguno. Con los datos en la mano, se puede afirmar que, desgraciadamente, la lucha contra la siniestralidad laboral ha fracasado estrepitosamente. A nuestro entender, las causas primeras que originan tanta mortandad y unos exorbitantes gastos financieros en los sistemas públicos de protección social, están en: a) partes del articulado del Estatuto de los Trabajadores que conceden al dador de trabajo toda la potestad para determinar los sistemas de organización de este trabajo; b) los elevados niveles de precarización de la mano de obra, y c) la interminable cadena de subcontrataciones que hace invisible la determinación de la responsabilidad de las cosas. A continuación vendría toda una serie de consideraciones, también de envergadura: la inoperancia de los poderes públicos para dotar de instrumentos eficaces a las políticas preventivas, hoy prácticamente inexistentes, y la tacañería en dotaciones financieras (así de los empresarios como de las administraciones públicas), que siguen pensando en términos de gasto convencional.
Hay que entrar a fondo en lo que denominamos las causas primeras. De ahí que venga a cuento la siguiente reflexión: la flexibilidad no es algo aislado, sino un método permanente y de largo recorrido. Es una flexibilidad que está exclusivamente en manos del dador de trabajo sin ningún tipo de controles; no existe vínculo alguno entre flexibilidad y seguridad. Por ello proponemos que el legislador, de manera pactada con los agentes sociales y los empresarios, elabore una ley de flexibilidad. Intuimos que a más de uno se le pondrán los pelos de punta, pero estamos decididos a dejarnos la piel en su argumentación. Esta ley de flexibilidad, junto a las reformas legislativas del Estatuto de los Trabajadores y otras que se desprenden de lo dicho anteriormente, supondrían un itinerario nuevo. Desde luego, son imprescindibles los comportamientos de los agentes sociales y el empresariado a la hora de establecer una contractualidad nueva que tome la salud como el centro de las condiciones de trabajo. Más todavía, ¿por qué no un pacto social entre administraciones, sindicatos y empresarios sobre salud y seguridad en el centro de trabajo?
Realmente, lo que estamos planteando se nos antoja un giro copernicano que deje atrás las políticas que no sólo no han avanzado en defensa de la salud en el centro de trabajo, sino que están dejando las cosas como siempre. Por ejemplo, dejar las cosas como siempre es entender que la salud en el centro de trabajo es algo marginal, que no forma parte de la salud pública. La misma expresión 'salud laboral' está siendo interpretada como algo que está fuera de la city. Nosotros, por el contrario, pensamos que mientras no se conciba como un problema de salud pública las cosas seguirán como hasta ahora. Porque lo que está fuera de toda duda es que el asunto sólo estremece cuando aparece la tragedia, después viene aquello de a otra cosa, mariposa. Así pues, se requieren reformas estructurales, el resto es pura cháchara como aparentando que se está en el ajo.
LA HUELGA VIRTUAL, una hipótesis
José Luis López Bulla
El reciente conflicto de los controladores aéreos y el planteamiento de CC.OO. de Cataluña en su debate precongresual (la recuperación de la idea de la autorregulación de la huelga) me han sugerido una serie de reflexiones en torno al ejercicio del conflicto social en los servicios públicos. Las ideas que siguen son solamente una posibilidad que no pretende archivar el tradicional ejercicio de la huelga sino apuntar un escenario que podría estudiarse: se trata de la huelga virtual. Lo expondré someramente.
El ejercicio del conflicto social en los servicios públicos tiene una especial característica: en él no sólo se ven afectados los asalariados y el dador de trabajo, sino también los ciudadanos en su condición de usuarios. Hay que decir que todavía el sindicalismo no ha resuelto convenientemente los (enormes) problemas que tales situaciones acarrean y que, en no pocos momentos, provocan un amplio clima de enemistad hacia los convocantes de la huelga. Esto es lo que, en parte, pretende resolver el método de la autorregulación de la huelga según ha indicado desde hace muchos años CC.OO. de Catalunya. Pero, con ser un paso adelante, no acabaría de resolver el litigio entre los huelguistas y la ciudadanía. De ahí que me parezca más conveniente elaborar una nueva praxis del (moderno) ejercicio del conflicto social. Sin embargo, para darle mayor apoyo teórico, quiero hacer las siguientes reflexiones sobre qué está pasando en la actualidad con las huelgas en algunos sectores. Primero, las empresas de transportes públicos ahorran salarios, también el uso de los medios y los gastos de combustible y una parte de las subvenciones que reciben; segundo, los ciudadanos acaban maldiciendo a los huelguistas y restándoles apoyo solidario; tercero, el daño que se hace a la contraparte es enjugado por las antedichas ventajas y deviene sólo un daño simbólico. Yendo por lo derecho, en tales condiciones los huelguistas se pegan una patada en sus propias espinillas. Mejor sería, pues, ensayar una nueva práctica: la huelga virtual.
En determinado sector público se está en puertas de un conflicto social. El sindicalismo convoca la huelga virtual, que consiste en que los trabajadores (que no cesan en su actividad laboral) renuncian a cobrar el salario que les corresponde y ceden ese dinero a un fondo; la empresa, por su parte, ingresa el doble (o el triple) que los huelguistas. El montante global sería cogestionado por la representación de los trabajadores y la empresa, e iría orientado a asuntos de utilidad pública. Todo lo cual debería estar reglamentado convenientemente por ambas partes. Las ventajas de esta propuesta son: a) la empresa recibe una presión superior (y no simbólica) a la de la huelga tradicional; b) la ciudadanía no estaría sometida a rehén por unas negociaciones en las que no participa, aunque se ve involucrada en ello; c) sindicatos y usuarios podrían, de ese modo, establecer una relación de fecunda colaboración con esta forma de hacer las cosas.
Naturalmente, no se trata de una alternativa que impugne el derecho al tradicional ejercicio del conflicto. Es, simplemente, un estilo que podría tenerse en cuenta y que, con sus convenientes experiencias piloto, podría adquirir de facto
carta de naturaleza. En todo caso es conveniente que los sujetos sociales elaboren una praxis nueva sobre el ejercicio de la presión reivindicativa mucho más acorde con las actuales sociedades complejas. Porque aquí no se discute la validez del conflicto sino de qué manera se hace, de qué forma adquiere más consistencia, cómo provoca más adhesiones, al tiempo que elimina las bolsas de hostilidad de quienes están en medio, los usuarios, sin comerlo ni beberlo. La huelga virtual podría ser, en ese sentido, una buena señal de un avanzado proyecto de autorreforma del sindicalismo confederal que, al tiempo de defender sus intereses, choca lo menos posible con el inmenso conjunto de la ciudadanía.
22 de enero de 2004
El País
NUEVAS PREGUNTAS SOBRE EL TERRORISMO
José Luis López Bulla
Con toda seguridad el error de bulto más estridente de José María Aznar ha sido su concepción de cómo afrontar la lucha contra el terrorismo. Cuando repite ad nauseam que ´todos los terrorismos son iguales´ (visión que no ha corregido a estas alturas) no está capacitado para entender qué ha pasado en Madrid. Porque lo sucedido en esa ciudad hermana suscita una serie de preguntas, absolutamente nuevas, que abren una nueva fase en la vida ciudadana. Esto es, ¿la próxima vez en qué ciudad europea? ¿será en un campo de fútbol, en un hospital, en qué sé yo dónde? Que más que el lógico miedo provoca una terrible angustia colectiva, y como es sabido de sobras una cosa es el miedo y otra es la angustia. Desde luego, los atentados de ETA no eliminan tales temores en la gente, pero el terror (en el sentido etimológico de la palabra) en Madrid ha tenido otra dimensión. Porque de ETA conocemos sus objetivos y, relativamente, sabemos quiénes son y dónde están; pero ¿qué advertimos de los Idus de este marzo madrileño? La pregunta es: ¿qué quiere exactamente Al Qeda? Digo que sabemos dónde está ETA, pero Al Qeda no está en ningún lugar y se encuentra en todos los sitios. De ETA sabemos defendernos aproximadamente (con independencia del debate sobre las formas para eliminarla), pero ¿de qué manera nos protegemos de un enemigo invisible? ¿cómo sentirnos seguros, pues, ante una amenaza oculta e imprevisible? Demasiados interrogantes que ponen descarnadamente que el terror de este marzo madrileño tiene un carácter ontológico profundamente diverso del etarra, que no se ha querido ver intencionadamente. Esconder estas diferencias a la ciudadanía es un error garrafal, y no tiene nombre empeñarse en ello. A mi juicio aclarar estas cuestiones es una deuda que se tiene con las víctimas y sus familiares.
Es muy abrupto lo que diré a continuación, pero me creo en la obligación moral de dejarlo sentado. Primero, no parece que el presidente norteamericano tenga la intención de corregir su opinión sobre estas cuestiones, de manera que a corto plazo la lucha contra el terrorismo desterritorializado, que impondrá su Administración, adolecerá de claro entendimiento de tan terrible fenómeno; de ahí que la ciudadanía europea deba encontrar las formas de convencer a la sociedad norteamericana de la necesidad de desalojar a los actuales inquilinos de la Casa Blanca en las próximas elecciones: no se puede ser indiferente o extraño a lo que ocurra en los Estados Unidos. Segundo, por otra parte, a determinados reyezuelos y gobiernos de Oriente Medio no les va nada mal que el conflicto que podrían tener en sus países se desplace a Occidente, incluso con el elevadísimo precio de tanta sangre derramada; que la llamada razón de Estado no diga estas cosas, no empece que formen parte de una realidad tremendamente dramática. Así pues, es mala cosa que se reincida en la tan inútil como contraproducente formulación de que todos los terrorismos son iguales porque el precio que seguiremos pagando continuará siendo muy elevado.
El primer esfuerzo político del equipo de Rodríguez Zapatero está en diseñar una acción clara contra todas las diversidades del terrorismo. Es más, puede que esto sea una parte de la exigencia de la ampliación del apoyo electoral que ha recibido el partido socialista. Lo que indicaría, de ser así, que la derecha ha fracasado estrepitosamente en lo que se creía que era su principal arma, a saber, la gestión del binomio libertad y seguridad: un aspecto que no puede olvidar, de ninguna de las maneras, el próximo gobierno. La razón es clara: los gobiernos tienen una tendencia casi natural a soluciones ramplonas, y la tentación a las conductas simplistas es bastante golosa. Pero lo acaecido en Madrid es tan fuerte que exige una discontinuidad en el entendimiento y en algunos de los instrumentos necesarios para seguir combatiendo sin desesperanza todos los terrorismos. Por ejemplo, la política debería recabar la participación de la comunidad científica que, hasta la presente, no ha sido escuchada suficientemente. La cuestión es situarse en la buena vía.
29 de Marzo de 2004
La industria ferroviaria catalana un vector tecnológico de punta
José Luis López Bulla
LA ACTUALIDAD DE LA TASA TOBIN
José Luis López Bulla
De la misma manera que algunos conciertos musicales llevan por título Variaciones sobre un tema de…, se podría hablar de variaciones sobre el tema de la tasa Tobin. Después de Francia (año 2002), Bélgica ha aprobado el pasado primero de Julio unas variaciones sobre dicha cuestión. Ahora, en el Parlamento italiano se está discutiendo en comisión la posibilidad de aprobar otras variaciones sobre la tan mentada tasa, después de que un buen grupo de asociaciones (Attac entre ellas) recogieran firmas y plantearan la iniciativa popular para legislar. El caso belga tiene su interés porque el partido democristiano estaba de acuerdo y una buena parte de los liberales --el presidente del gobierno forma parte de esta corriente-- apoyaba la tasa.
El hecho es que, hablando con importantes industriales y mánagers, consideran razonable este gravamen; afirman, además, que es un porcentaje modestísimo. La sabemos, un 0,0l por ciento sobre las especulaciones financieras. Los únicos inconvenientes que otros ven es la función de control de la economía que, hoy por hoy, parece un caballo desbocado: algo que ha puesto muy al desnudo un reciente libro de Jacques Sapir, Economistas contra la democracia (Ediciones B, 2004), con una versión castellana excelente a cargo de Francisco Rodríguez de Lecea. Pues bien, ahí está el detalle: ¿debe la política seguir manteniendo su des-responsabilización, su indolencia en mirar para otro lado, su falta de control sobre las turbulencias financieras? El gobierno belga que no es precisamente sospechoso de extremismo indica en cierta medida el camino. Y tal vez, franceses y belgas pensaron que no necesariamente debían esperar a que la Unión Europea se metiera en harina, así es que tiraron muy atinadamente por la calle de en medio. La construcción europea también tiene esas cosas, no es preciso esperar que todo el mundo se ponga de acuerdo para proceder a medidas parciales, esto es, en cada país.
Pero las experiencias francesa, belga e italiana tienen una explicación añadida: fueron las asociaciones quienes de manera transversal se pusieron manos a la obra mediante una prédica paciente y rigurosa hacia la opinión pública. De donde se infiere que una parte (y no irrelevante) de que el asunto esté funcionando se debe a los misioneros urbanos de Attac y otras entidades cívicas que, con punto de vista fundamentado, involucraron a centenares de miles de personas. Así las cosas, el ejemplo es claro: surge desde la calzada la presión democrática, influye en los parlamentos e instituciones y James Tobin, desde los firmamentos, observa que su planteamiento va calando en este mundo terrenal. ¿Tobin un extremista? Nada de eso: fue todo un consejero del presidente Kennedy y Premio Nobel de Economía, lo que se dice un hombre de orden.
Pues bien, la calzada democrática de nuestro país (que ha dejado oír su voz en grandes solemnidades) debería volver a la carga con el planteamiento de la tasa. Ahora con más posibilidades tras la decisión belga; ahora con más entusiasmo tras conocer que el parlamento italiano (a pesar de la intransigencia del dimisionario Tremonti contra la tasa) está debatiendo el asunto. No se trata de poner a prueba a ninguna institución: simplemente ponerse otra vez a predicar por la democratización de importantes parcelas de la economía, establecer un poco de orden en los torbellinos de ciertos capitales y hacer ver a la política que debe ejercer plenamente como tal. Porque el asunto sería un tanto gracioso: al lado de Berlusconi se debate la tasa Tobin (me imagino que con grandes retortijones en el estómago del Cavaliere) y en nuestra casa, siguiendo el símil cuartelario, todos en su lugar descansen.
Sea como fuere, tampoco es aventurado pensar que, tarde o temprano, alguien (o algunos) se pondrán manos a la obra. El asunto es que no veo la razón de dejar para mañana las cosas que se pueden hacer hoy. Especialmente si son urgentes y necesarias, razonables y factibles.
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José Luis López Bulla es miembro del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
El País
EUROPA, BUSH Y LOS SINDICATOS
José Luis López Bulla / Carles Navales
El siempre crítico Herbert Marcuse decía que el Estado de bienestar es un estadio intermedio entre el capitalismo y el socialismo. Para el herético Karl Polanyi se trata de la esfera que contiene y marca los límites del nivel de redistribución que la sociedad está dispuesta a concederse. Ni lo uno ni lo otro para los neoconservadores. Los “neocons” afirman que es algo económicamente insostenible: un lastre a soltar cuanto antes mejor para convertir en gasto militar lo que el Estado de bienestar cuesta.
Si es cierto que lo que pasa en EE.UU. acaba contagiando al resto del mundo, pintan bastos para la vieja Europa. El triunfo de George Bush ha sido rotundo, y no se trata solamente de un éxito electoral. Conseguir unir lo más arcaico de la América más profunda a las galácticas propuestas neoconservadoras es una victoria cultural en toda regla. La premodernidad cogida de la mano de una postmodernidad de la que sólo sabemos que basa el futuro en la seguridad militar y que pretende forjar un nuevo imperio. Los EE.UU. de la modernidad están en el vacío, aunque los demócratas hayan alcanzado casi la mitad del voto. Robert Reich, ministro de trabajo con Bill Clinton, lo define como la vuelta de la derecha radical en respuesta a la ansiedad popular respecto al mundo moderno, sentimiento que los republicanos han sabido explotar denunciando hasta la saciedad temas como el aborto y la homosexualidad y, a la vez, exaltando la necesidad de la autodefensa mediante valores como el armamento, la fe y el patriotismo. Algo parecido sucedió en Francia. Mientras la coalición de izquierdas se afanaba en construir la síntesis de todos los marxismos que en ella convivían, una gran parte de la sociedad trabajadora renunciaba a que los movimientos sociales tradicionales continuaran defendiendo sus intereses y delegaban a la estructura ideológica lepeniana la seguridad de su futuro personal y colectivo. Una superestructura ideológica integrista desplazaba a la infraestructura social del siglo XX.
Rodeada de un mundo en el que triunfa el neoconservadurismo, la pobreza y la desregulación, el Estado de bienestar europeo se ha convertido en una isla atizada por fuertes oleajes. ¿Aguantaremos la tempestad?
Es en este contexto que urge más que nunca construir una identidad europea en lo político, lo social y lo cultural, elementos indispensables para tener autonomía y voz propia. Y en el recorrido la próxima estación es el sí a la propuesta de Constitución europea. Y decimos el sí, porque aún nadie ha sostenido argumentos de peso para convencernos de que el no es el instrumento que nos permitirá dar un paso de gigante; ni siquiera de tortuga. Quizá sea ese el principal motivo que ha impulsado a CCOO y UGT, los dos grandes sindicatos catalanes, a encabezar la defensa del voto afirmativo.
Dos pasos adelante y uno atrás
El talante de los grandes sindicatos siempre ha sido reformista. Para el comunista Lenin era aquello de dos pasos adelante y uno atrás, y, para el sindicalista socialdemócrata Vittorio Foa, pequeños avances, si se miden en cortos períodos de tiempo, pero que sumados y medidos en períodos largos, son grandes avances. Como ejemplo, constatar que a principios del siglo XX, en las minas, el campo, y bastante en la industria, se empezaba a trabajar entre los cuatro y los seis años y la media de vida era de treinta en los trabajos duros. Ahora es de setenta y nadie empieza a trabajar sin ser mayor de edad y haber tenido una educación básica gratuita y obligatoria. Y podríamos seguir.
Además, en Catalunya se da otra coincidencia entre los defensores del sí: tanto UGT y CC.OO., como también PSC y UDC, forman parte de agrupaciones transnacionales, sea la Internacional socialista, la demócrata-cristiana o la Confederación Europea de Sindicatos. Podríamos decir que para ellos el europeísmo tiene carácter genético. En cambio, con los defensores del no sucede lo contrario: son organizaciones que empiezan y acaban en Catalunya y sus relaciones con otros partidos y grupos parlamentarios europeos son de carácter diplomático; podría decirse que en su genética Europa todavía es “el extranjero”. Quizá sean estos elementos determinantes para los unos y los otros.
Si medimos con la vara del reformismo sindical el proceso de construcción europea, veremos que son muchos pequeños avances que, sumados, dan por resultado un avance importante: en 1951 Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Alemania y los Países Bajos constituyen la CECA (Confederación Europea del Carbón y de Acero), después viene el Mercado Común y el Tratado de Roma, más tarde Maastricht, sigue el euro, a continuación el Tratado de Niza, y ahora la Constitución europea. De unos pocos países en torno al mercado del carbón y del acero con unos EE.UU. liderando la reconstrucción de la Europa derruida por la guerra, a la Unión Europea de hoy, que cada vez habla más desde su independencia y unión.
La Constitución es poco y también es mucho, pues nos confirma en la ruta de la modernidad democrática: la sustitución de la superstición por la razón, la separación de la Iglesia del Estado, y el respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El ciudadano de la Constitución europea será titular de los derechos a la seguridad jurídica o Estado de Derecho; la promoción social o Estado de bienestar; y a la participación política a través de las instituciones. Son los tres pilares de la ciudadanía europea, que la Constitución aplica en todo su ámbito geográfico; además, su aceptación será cuestión previa para los países que en el futuro se incorporen, como puede suceder con Turquía, Marruecos y otros. ¿Se imaginan que bien nos habría ido a los demócratas que hubiera existido esta Constitución Europea cuando nos tocó hacer la nuestra?
Y, después del sí, a profundizar en ella. Serán muchas las paradas que hacer en un camino que se adivina largo y tortuoso y en el que, como siempre, esa vieja dama, de nombre Correlación de Fuerzas, tendrá la última palabra.
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José Luis López Bulla.
Secretario general de CC.OO. de Catalunya de 1976 a 1995.
Carles Navales.
Director de la revista “La Factoría”.
Artículo publicado en el diario “El País” el 23 de noviembre de 2004.
La industria ferroviaria catalana un vector tecnológico de punta
El gobierno catalán ha remarcado en diversas ocasiones como una de sus prioridades políticas en el terreno industrial y tecnológico el desarrollo de la industria aeronáutica. Permítaseme, desde mi actitud de afecto político al gobierno catalán, que apunte algunas reflexiones al respecto.
Con datos basados en fuentes del sector,
Por el contrario existe una industria ferroviaria, considerada como el “segundo vector tecnológico europeo”, que tiene una gran importancia tanto manufacturera, económica y tecnológica en
El ferrocarril significa modernidad y liderazgo tecnológico para la industria europea, y es un claro referente del modelo de desarrollo europeo basado en la cohesión social, la calidad de vida de sus ciudadanos, la eficiencia energética, la defensa del medio ambiente, la seguridad vial y la sostenibilidad, entendida esta como la inaceptabilidad del crecimiento a cualquier precio. Con la construcción de una red europea de transporte ferroviario, estamos construyendo. En definitiva, más y mejor Europa.
Además la tecnología ferroviaria ha potenciado el desarrollo de determinadas “tecnologías claves”. La tecnología de los materiales , los diseños avanzados en la arquitectura del vehículo (aerodinámica ferroviaria, la aplicación de criterios biomecánicos a la seguridad), la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) , al desarrollo de sistemas de señalización y comunicación como sería el ERTMS (European Rail Traffic Management System), y a los sistemas embarcados de diagnóstico y control inteligente vía-tren (Center Traffic Control/CTC), el desarrollo de tecnologías avanzadas para la automatización y robotización en los procesos de fabricación, las nuevas tecnologías aplicadas a las mejora de la fiabilidad, disponibilidad y mantenimiento del material (Reliability Availability Maintenance System) , que permiten a partir del “retorno de la experiencia”, activar procesos de reingeniería del vehículo.
Ciertamente y ésta es la tesis central de mi exposición, la industria ferroviaria (vector tecnológico de primer nivel en la economía global), tuvo y tiene una importante presencia en
Los datos mandan: tenemos “grosso modo”, casi la mitad de la industria ferroviaria española concentrada en
Queda claro a estas alturas de la reflexión, las ventajas de apostar en
José Luis López Bulla
El País
LAS FIESTAS MUSULMANAS Y EL CALENDARIO LABORAL
José Luis López Bulla
La Fiesta musulmana del Cordero, celebrada hace poco en Manlleu, ha sido un acontecimiento de gran relevancia, tanto por su carácter público como por la cantidad de personas que participaron (más de mil doscientas) que se dieron cita en un día laborable. No hace falta ser muy perspicaz para establecer una primera hipótesis: el próximo año será mucho más numerosa. Un destacado representante de ese colectivo, Mohamed Azuzi, declaró posteriormente: “Los musulmanes sólo tenemos dos grandes celebraciones en el calendario islámico: el día del Sacrificio y el fin del Ramadán. Por tanto, no sería difícil incluirlos en el calendario laboral”. No tardó en tomar la palabra un dirigente empresarial de la comarca de Osona quien, grosso modo, afirmó que a quienes no les guste el calendario laboral español deben hacer las maletas e irse a su país o bien buscarse una empresa que no trabaje esos días: una tosca propuesta, aunque desgraciadamente puede tener un amplio apoyo.
Cierto, no son fáciles las salidas. Pero es necesario pensar a fondo las cosas, pues con toda probabilidad dichos aspectos del culto musulmán se repetirán, probablemente con mayor seguimiento, en tiempos venideros. Y no es fácil porque, entre otras cosas, no es posible que cada subjetividad religiosa o cultural disponga de su particular calendario laboral. Sin embargo, hay salidas a este reto. Siempre y cuando se produzcan, como mínimo, dos elementos: 1) una generalización de los horarios flexibles y 2) una concepción laica del calendario laboral. Pero antes de entrar a fondo en el tema, considero necesario recordar que las relaciones laborales españolas, aunque con ciertas interferencias, han avanzado no poco en su caracterización laica. Dos ejemplos: ya no queda vestigio alguno del descanso-oración de la hora del Ángelus, ni de las fiestas del patrón del gremio, y la puesta en funcionamiento de los “terceros turnos” en la industria acabó con el no trabajar el día “sagrado” del domingo; no obstante, se mantienen las interferencias del Concordato entre el Estado español y el Estado Vaticano en determinadas fiestas religiosas españolas, de ello se hablará más adelante.
Volviendo al fondo de la cuestión: un calendario laboral unitario –es decir, donde las diversas subjetividades religiosas y culturales encuentren un razonable acomodo-- es posible hoy, dado que la lógica del trabajo ya no es fordista y también porque la innovación tecnológica permite una gestión flexible del tiempo. Más todavía, desde dicha flexibilidad pactada, se pueden establecer reglas compositivas de los distintos intereses de unas y otras subjetividades: piénsese, por ejemplo, en la cuestión relativa a las discriminaciones indirectas por razón de género en la negociación colectiva. En resumidas cuentas, desde esa nueva manera de razonar se garantiza: 1) el menor conflicto posible entre unos y otros colectivos de trabajadores entre sí, y 2) entre ellos y el dador de trabajo. La lógica es, pues, laica. Lo que no impide que cada cual le da a su tiempo libre el significado religioso o cultural que estime pertinente.
Ahora bien, como se decía anteriormente, nuestro sistema de relaciones laborales tiene algunas interferencias religiosas que tienen su origen en el Concordato con el Vaticano: se trata de una anomalía en los países de la Unión Europea. Dicho protocolo debe ser archivado a la mayor brevedad posible pues, en los tiempos que corren, no tiene el menor sentido. Y, por otra parte, tales festividades podrían ser celebradas por quienes lo quisieran en el marco de la flexibilidad horaria que se ha indicado más arriba.
El País-Catalunya, 18.01.06)
LOS CONFLICTOS EN LA SANIDAD PÚBLICA
José Luis López Bulla
El reciente conflicto en la sanidad catalana es, ante todo, el evidente paradigma de una confusión que estaba cantada. Pero, realmente poco hay de nuevo el sol, si no fuera porque en esta ocasión el enfrentamiento entre las categorías profesionales está al rojo vivo. De un lado, el personal médico. De otro lado, el resto de los asalariados; pero aquí, en ese “resto”, también se cuecen sus propias habas: por ejemplo, la organización federativa de Comisiones Obreras impugna ante los tribunales el acuerdo que en su día llegaron la dirección del Hospital de Sant Pau y la Asociación profesional de enfermería. En otras palabras: casi todos contra casi todos en una lucha hobbesiana cuya solución se intuye bastante complicada. Lo es porque los conflictos están separados entre sí, y todos ellos parecen estar al margen de la problemática general de la sanidad pública. En resumidas cuentas, se trata de un cuadro que no está gestionado adecuadamente por la Consejera Marina Geli. Lo peor, de todas formas, es que para hoy y mañana el colectivo médico anuncia huelgas. La novedad, en todo caso, es que los sindicatos confederales han desconvocado las acciones para estos mismos días después de negociar con sensatez y conseguir que la solución global deberá darse en el marco de la unidad contractual de todas las categorías, incluidos los médicos. Lo que es positivo y un primer elemento de aclaración.
El gran disparate de toda esta historia radica en que el colectivo médico aspira, en el fondo, a tener un convenio colectivo propio. Con la ley en la mano es sencillamente imposible, y lo saben. De manera que podemos presumir que lo que realmente se busca es otra cosa: tal vez que el régimen de incompatibilidades sea más blando. Si esto es así, más vale que se sitúe con claridad para que todo el mundo sepa a qué atenerse. Porque la falta de credibilidad de los actuales planteamientos del colectivo médico no ayuda a la solución de un problema que, ya de por sí, es complicado. Y, más todavía, tal como están las cosas, la huelga de estos días se hace objetivamente contra el resto de los profesionales de la sanidad.
Desgraciadamente, ahora mismo no parece que haya capacidad institucional para mediar en el conflicto. De ahí que una propuesta excepcional sea que una auctoritas de la sociedad civil con suficiente prestigio entre las partes intente abrir un proceso de interlocución; es la figura que el viejo lenguaje definía como hombre bueno. Daré dos nombres indicativos, suficientemente conocidos: Francesc Casares y Xavier Crespán. Que nunca rechazaron un desafío en bien de la comunidad. O uno u otro (o los dos en santa compañía) pueden, desde la sociedad civil, mediar entre las partes con probada sabiduría. Más todavía, ambos gozan de la suficiente credibilidad, por su imparcialidad e independencia.
La segunda cuestión es no menos peliaguda: de qué manera reagrupar en un proyecto común, respetando las diversidades, todas las categorías profesionales de la sanidad. Esto es, generar un paradigma que englobe la llamada élite con las categorías más modestas, partiendo de una constatación: los enfrentamientos corporativos, sumergidos o en la superficie, interfieren poderosamente el buen funcionamiento de los sistemas públicos de salud. Así las cosas, no estaría de más que todos los sindicatos (confederales y sectoriales) debatan conjuntamente qué hacer. El pragmatismo les diría, si hablan con sentido común, que las prácticas hobessianas les destrozarían a todos y cada uno de ellos, al tiempo que degradarían la sanidad pública. Al fin y al cabo, ya nos enseñó Platón que el objetivo de la medicina no eran sus profesionales sino los enfermos; al menos eso es lo que dice en el Gorgias.
(El País-Cataluña, 26.04.06)
EON, ALSTOM Y CALZONCILLOS PEREZ
José Luis López Bulla / Carles Navales
Nos hablaba Olof Palme en su testamento político -refiriéndose a la teoría de los ciclos políticos del historiador norteamericano Arthur M. Schlesinger- de la ley pendular, según la cual a un ciclo conservador le sigue un ciclo progresista y viceversa, y, en el paso del uno al otro, nos decía que va quedando un poso de valores positivos que va acumulándose muy lentamente.
El largo proceso de unidad europea quizá sea uno de los ejemplos más visibles al respecto. Basta ver su largo itinerario constituyente aún no acabado, que comienza en 1951, cuando Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Alemania y los Países Bajos constituyen la CECA (Confederación Europea del Carbón y de Acero) hasta llegar al penúltimo peldaño con el proyecto de Constitución europea, aún en ciernes, pero que ha hecho aflorar enormes contradicciones entre las distintas voluntades europeístas, dando como vector la parálisis de la evolución institucional de una Europa que continúa batiéndose entre el nacionalismo y la modernidad, sin que se atreva a dar el paso definitivo hacia su unidad institucional.
Si añadimos que, en el plano económico, el sudeste asiático con China a la cabeza, está desembarcando en nuestro continente con el propósito de hacerse con buena parte del mercado, la conclusión es obvia: Europa debe protegerse de Asia. Y si las transnacionales de los países europeos pugnan por hacerse con los mercados de otros países continentales, también esos países deberán protegerse entretanto Europa no sea una realidad política acabada; hasta que el péndulo haya dejado suficiente poso para que las instituciones de la Unión sean tan sólidas como lo son las de sus estados.
El francés Michel Rocard decía hace unos días, a propósito de los intentos extracomunitarios para hacerse con empresas francesas, que el sistema es mundial y se transmite a través de las OPA siendo una cuestión de supervivencia conseguir que la Unión europea prohíba OPA alguna sobre su territorio a cualquier grupo cuyo capital extracomunitario supere el veinte por ciento. Simultáneamente, hemos visto cómo Francia se comportó, por citar un caso, en torno a ALSTOM hace año y medio. En aquella ocasión tanto el presidente Jacques Chirac y toda la clase política francesa removieron tierra, mar y aire para defender los intereses nacionales frente a los alemanes de Siemens, envite en el que les acompañó el mundo empresarial galo, con BNP, Paribas, Societé General-Crédit Agricole y Crédit Lyonnais al frente, para conseguir que “su” ALSTOM no tuviera problemas de liquidez y Siemens se quedara donde estaba.
Y es que sin reciprocidad política difícilmente puede país alguno confiarse a la reciprocidad de mercado. O, dicho de otra manera, con una Unión europea construida a medias es un riesgo de enormes proporciones echarse a los brazos de las reglas de un mercado sin reglas: si Eón puede entrar en España, Gas Natural o Calzoncillos Pérez debería poder hacerlo en Alemania, y eso hoy es imposible por el lógico proteccionismo que cada país defiende para sí en esta Europa inconclusa.
Es por ello que los últimos movimientos económicos europeos (Eón–Endesa y otros no menos importantes) merecen, sin lugar a dudas, una primera reflexión que, para mayor provecho, intenta alejarse del bronco chillerío político que, desde la oposición política española, tiene todas las trazas de no entrar en el fondo de la cuestión.
Nuestra primera consideración, ya apuntada, parte de un hecho innegable: la borrasca económica se está dando en un contexto temporal que coincide con la crisis política que todavía tiene la Unión europea. Y nuestra primera (y provisional) conclusión, ya perfilada también, es que mientras dure esta crisis política parece muy complicado que se pueda moderar el temporal económico. O, lo que es lo mismo: a más déficit institucional europeo, más vendavales económicos sin reglas de ningún tipo. Y, en fin, mientras se siga deshilvanando el carácter de sujeto político europeo, los movimientos de re-nacionalismo parecen cantados. Ahora bien, comoquiera que partimos de la base de que el potente litigio entre Eón y Endesa está siendo gestionado razonablemente bien por el presidente Rodríguez Zapatero y el ministro Montilla, nosotros nos orientamos a una reflexión, si se nos permite, de largo recorrido.
Nos parece que es inaplazable una discusión capaz de reorientar el proyecto político europeo con esta característica: consideramos mejor ir a un trote seguro que cabalgar vertiginosamente sin controlar las bridas de la yegua. Es sabido y dicho, en el argot sindical, que el progreso avanza en zig-zag. Y en lo referente al asunto que estamos tratando, pensamos que en dicho trote hay una asignatura pendiente: no es razonable que existan corporaciones que tengan patente de corso (como indica el caso Eón, protegida por la legislación y las decisiones administrativas de Alemania) y otras, a quienes se les exige un absoluto respeto a las normas del mercado. Esta ley del embudo parece decir que la bulimia de unos se apoya en la exigencia de anorexia para otros. Y decimos más: al igual que la fatigosa construcción política europea está llena de sus lógicos contrapesos, al diseño genérico de la economía europea le conviene, igualmente, sus propios contrapesos. No se trata, de ninguna de las maneras, de volver a los viejos proteccionismos ya superados, pero sí se trata de establecer unas reglas compartidas: por modestas que fueran siempre serán más convenientes que la anomia económica y la relación entre bulimia y anorexia. Castizamente hablando: el más modesto código de circulación es más razonable que su inexistencia. Y es que el péndulo aún no se ha detenido en su centro.
José Luis López Bulla es Experto del CTESC
Carles Navales es Carles Navales es director de “La Factoría” >www.lafactoriaweb.com<
