Tanto Toxo como Cándido se han manifestado ya contra las medidas del Gobierno. Metiendo bulla las comparte y, como prueba de ello, ayer mismo dábamos un COMENTARIO DE URGENCIA: EL ZAPATERAZO. Hoy nos ha parecido de interés entrar en abierta polémica con el Editorial de El País. Pero, antes de meternos en harina, parece conveniente recordar al prójimo –ya sea de alta cuna o de humilde jergón-- que el zapaterazo se orienta a enjuagar el déficit público, sólo a ello. Lo decimos en previsión de que aparezca un cierto furor peristáltico martilleando que tales medidas contribuirán a la creación de empleo. Y, comoquiera y dondequiera, también recordando que el gobierno ha recorrido a un tipo de medidas tradicionales que, yendo por siniestra vereda, fueron las causantes del diluvio que se desencadenó hace dos años. Pero, vamos a lo que vamos: a comentar el editorial del diario de marras.El País sostiene que la bajada de sueldo de los funcionarios “cabe explicarla porque los trabajadores del sector público no habrían sufrido, hasta el momento, las consecuencias el peso de la crisis, que sí han experimentado los asalariados del sector privado” (las cursivas son mías). Se trata de un argumento de notable sofistería. Que es más conveniente rebatir sobre la base del razonamiento que, con frecuencia, utiliza el maestro Umberto Romagnoli. Nuestro amigo –con implacable sarcasmo, como quien quiere competir con la lúcida crueldad de la malafoyá granaína— recurre al mito de los antiguos vendedores de crecepelo: prometían que los usuarios de la pócima, calvos todos, les saldrían una abundante melena. Ahora bien, los posmodernos mercachifles parecen vender potingues para que los que tienen pelo se vuelvan calvos. Vale decir, ya que no es posible que todo el mundo tenga cabellera, lo mejor es que todos sean calvos. En resumidas cuentas, la descohesión social para todos.Ni una palabra en la editorial de algo tan provaricador --he dicho provaricador, no prevaricador-- como romper un contrato unilateralmente como ha hecho el gobierno con el convenio de la función pública, firmado hace seis meses, que es uno de los institutos jurídicos (el convenio colectivo) más emblemáticos del Estado de Derecho. Se entiende, pues, que “provaricador” debe ser interpretado como una decisión administrativa hecha mal a sabiendas y queriendas. En definitiva, ilegal. Así pues, no hace falta ser excesivamente quisquilloso para intuir que los acuerdos firmados con el Gobierno estarán, a partir de ahora, en clave de sospecha.¡Ah, los mercados, esos ostrogodos que, apretando un botón en un nanosegundo, condicionan y determinan la biografía de millones de personas!Por lo demás, en la mentada editorial no encontramos referencia alguna a qué otros sectores (que no sean los exponentes del trabajo dependiente, los jubilados y las personas en dependencia) se verán afectados por el tratamiento caballuno del zapaterazo. No las menciona El País porque no existen medidas en esa dirección: no sea que los ostrogodos de los mercados se enfaden. Por lo tanto, enjuagar el gasto público no será realizado a través de sacrificios desigualmente compartidos: lo será sólo y solamente por aquellos a los que se quiere controlar, trabajadores, pensionistas y ancianos.
